Por segunda vez en menos de dos años el heredero de la Jefatura del Estado español ha manifestado públicamente, atribuyéndose el tutelaje de los derechos de los ciudadanos, que la constitución al servicio de la monarquía que él representa prevalecerá sobre los derechos de los pueblos reconocidos por el ordenamiento jurídico internacional, suscritos por España, olvidando, interesadamente, la sentencia de Pi y Margall que dice “No se adquiere la propiedad de los pueblos conquistados ni con la prescripción de los siglos”.