Gracias a la rápida intervención de los abogados y las abogadas de  la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que recurrieron la salvajada gubernamental, las expulsiones no se produjeron y ahora los 30 seres humanos agraviados en sus derechos serán acogidos como las leyes disponen. Pero quedan dos cosas que decir.