OMAL reproduce este artículo publicado por Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro originalmente en GARA y que señala Alejandro Floría Cortés. Muy importante tema, trascendeNtal, porque se trata de como el poder económico manipula y pulveriza el sistema democrático. Muy recomendable para toda la horda que se llena la boca hablando de constitucionalismo y de legalidad.
Entendemos la seguridad ciudadana como el estado en el cual la ciudadanía goza de una situación de certidumbre y estabilidad que le permite ejercer, de forma libre y responsable, los derechos y libertades individuales y colectivos, sin la injerencia arbitraria de los poderes públicos.
Román Rodríguez indica al Ejecutivo de CC y PSOE que el camino de la negociación política está condicionado a un “cambio” en el Gobierno estatal
A la jueza Victoria Rosell solamente se le puede criticar su error en el caso de las heroínas sindicales a as que persiguió sin razón ninguna. Pero, en el resto de su actuación se ha distinguido por su calidad jurídica y su claridad de citerio. Y lo vuelve a demostrar, en esta entrevista que le hace Aitor Riveiro para EL DIARIO CANARIAS AHORA, que recomienda Antonio Aguado.
Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pedirá mañana, en el Pleno ordinario de octubre, que se reanude cuanto antes el servicio de información, orientación y asesoramiento jurídicos gratuitos a las personas usuarias y al personal de los servicios sociales municipales.
Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pidió hoy al alcalde, José Manuel Bermúdez, que cumpla con el compromiso que adquirió el pasado 20 de febrero de “responder a la demanda de las necesidades expuestas en materia de asesoramiento jurídico y transversal” en el ámbito de los servicios sociales y reabra el servicio información, orientación y asesoramiento jurídicos que hasta el pasado 2 de abril prestaba el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS).
Los nacionalistas aportan los autos que declararon nulo el pleno en el que se aprobó el crédito y que dictan que “no ha lugar” cuando los servicios jurídicos quisieron validar el asunto llevándolo a un nuevo pleno el 29 de diciembre de 2012.