Firmas
Sobre lo legal y lo legítimo - por Alejandro Floría Cortés
Obviando los grises engranajes de la megamáquina, parece claro, y hay abundante evidencia empírica, que las leyes son un mecanismo mediante el cual es posible, a conveniencia, legalizar lo ilegítimo e ilegalizar lo legítimo. Legalizar así, no parece ser mucho más que dotar de aptitud, corrección o validez sistémica a algo o alguien unido a sus actos. Lo que no parece gran cosa para un burocracia dependiente que derrocha tiempo y folios bajo el amparo de una violencia cuidadosamente diseñada, implantada y monopolizada. Es, sin más, una posibilidad esperada.
No hace mucho decíamos que en Canarias, junto a la corrupción ilegal, convive otra corrupción “legal”, la que se produce cuando el poder público se pervierte configurándose como una plataforma de defensa de intereses privados.
La formación abrirá debate sobre la disputa del Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento lagunero en torno a la legalidad de las licencias concedidas en áreas urbanas protegidas.
Con tanto maleante que anda suelto por ahí a pesar de que llevan sobre sus espaldas condenas de prisión de años y a la espera de indultos que no llegan mientras el tiempo discurre, doña Josefa Hernández (sus ingresos mensuales dice que rondan los 400 euros mensuales) acaba de entrar en la cárcel conejera de Tahíche, trena, penitenciaría, presidio, chirona… para andar cautiva por una ilegalidad que cometió y ante la cual, obviamente, se dictó sentencia condenatoria de reclusión. 
Nos hemos acostumbrado a oír hablar de deuda ilegítima y legítima; mientras la primera no iría con nosotros, la segunda sí habría que pagarla tras discernirla a través de auditorías científicas. 
El portavoz de IUC criticó que Oramas siga exigiendo la construcción de nuevas pistas en los aeropuertos de Tenerife Sur y Gran Canaria, cuando sólo se usan al 26% y al 40% de sus capacidades respectivas. ”Construir infraestructuras innecesarias”, prosiguió, “es una forma legal de corrupción, pues la corrupción consiste en desviar recursos públicos para el beneficio privado y en detrimento del interés general”.