El gobierno español ampara y protege a policías torturadores reclamados por la justicia internacional, ridiculiza a las familias del medio millón de personas asesinadas por el franquismo, negándoles la recuperación de sus restos, bloqueando con sentencias judiciales de jueces ultraderechistas la exhumación de fosas comunes, cunetas, pozos y otros lugares donde la mafia fascista asesinó y enterró como perros/as a lo mejor de nuestro pueblo, a quienes entregaron su vida en defensa de la libertad, la democracia y los derechos de la clase trabajadora.