En la letra pequeña de dicho Tratado aparece la introducción de la claúsula ISDS de resolución de conflictos entre Inversor y Estado en los acuerdos, cláusula que limita seriamente la capacidad de los Estados para luchar contra la crisis financiera y económica (las multinacionales estadounidenses podrían utilizar el ISDS para desafiar las regulaciones de la UE destinadas a proteger al público y al medio ambiente y demandar a los gobiernos europeos y así maximizar sus beneficios) así como del llamado Consejo de Cooperación Regulatoria, lo que supondría según Sol Sánchez, coordinadora general de ATTAC España que “estos tratados estarían para siempre en crecimiento y no sólo se interpondrían con las leyes futuras sino que además podrían reformar las ya existentes en los Estados firmantes, en suma, un verdadero gobierno directo de las Corporaciones”. La Eurocámara no puede negociar ni incorporar enmiendas al tratado pero habría elaborado su propia opinión, reflejada en el Informe Lange que habría sido aprobado por liberales,socialistas y populares tras pactar una enmienda que dice que el arbitraje incluido en el TTIP será un sistema “no discriminatorio” con las empresas locales o extranjeras del que formen parte “jueces independientes” y que “no anteponga los intereses privados a los públicos”.

José Luis Cámara entrevista, y Fran Pallero lo retrata, a Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), sobre esta -una más- frutración de un estado que iba camino de ser democrático, moderno y justiciero, y que ahora avanza en la senda hacia el feudalismo, la intolerancia y la crueldad con las personas débiles.