El coordinador insular de IUC, Ramón Trujillo, afirma que, si los ayuntamientos afectados rescinden el contrato con la actual empresa concesionaria, “algo que deberían hacer de forma urgente por haber incumplido las cláusulas del mismo”, podría “contratar directamente a las trabajadoras afectadas, mejorar sus condiciones laborales, ahorrar costes en el servicio y mejorarlo”