Los cabildos, el de Lanzarote y el de Fuerteventura, así también el Gobierno canario, no tienen bastante con la guerrilla petrolífera que han llevado a cabo durante estos tres últimos años, en cuales para obtener votos en las próximas elecciones se han gastado más de cuatro millones de euros (dinero del pueblo) en campañas manipuladoras; pero para desgracia suya, sólo han recibido varapalos del Tribunal Supremo español y del Parlamento de la Unión Europea: