Con frecuencia, el Gobierno de España impone la norma constitucional cuando la Carta Magna le sirve para defender sus intereses. Pero se distrae de ella si distintos sectores sociales o políticos reclaman elementales derechos ciudadanos constitucionalmente reconocidos. Valgan dos ejemplos, uno para cada comportamiento: impide la tramitación parlamentaria propuesta por Esquerra Republicana de Catalunya sobre víctimas del franquismo (revisión de la Ley de Memoria Histórica de 2007). Y olvida, a la par, su obligación constitucional de promover “las condiciones favorables para el progreso social” y la realización de “una política orientada al pleno empleo” (artículo 40). No obstante, el artículo 134.6 lo deja claro: el Gobierno puede vetar “Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos”.