El notario tiene la obligación de asistir a cualquier particular o “acto público” que reclamen sus servicios. Si acaso “negare sin justa causa la intervención de su oficio, incurrirá en responsabilidad […]”. Así viene dictado desde 1862. Por tanto, planteamientos éticos, políticos, religiosos… son exclusivamente privados y no puede esgrimirlos para negarse cuando lo citan con el fin de dar fe pública.