Propuestas de la Plataforma Canaria frente a la Emergencia Alimentaria, con vistas a abaratar el precio de la cesta de la compra y hacer más accesibles los alimentos básicos a la población canaria

1.- Por las razones que exponemos en la Declaración de Emergencia Alimentaria que hemos hecho pública desde nuestra plataforma, exigimos al Gobierno de Canarias que con base en el artículo 46.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, declare oficialmente la situación de Emergencia Alimentaria para Canarias, para la toma en conciencia de esta realidad y la asunción de las medidas necesarias y urgentes que el problema requiere.

Entre las muchas medidas que han de tomarse, algunas las planteamos a continuación:

-A CORTO PLAZO, CON CARÁCTER URGENTE

2.- Ante la especulación evidente y la falta de control público que sufre el mercado canario de la alimentación, con precios desorbitados y continuamente al alza sin justificación aparente, exigimos a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, en base a las competencias atribuidas por el artículo 130. 1. b) del Estatuto de Autonomía de Canarias, que haga su trabajo y active todos los mecanismos fiscalizadores que tiene a su alcance, empezando por el Observatorio de Precios que poco parece que observa, para evaluar, corregir y en su caso sancionar como corresponda las situaciones de fraude, abuso de posición dominante, especulación o malas praxis de los distintos actores de la cadena alimentaria canaria, por si se pudiera estar haciendo un uso malicioso del AIEM, el REA, el POSEICAN, los acuerdos de las grandes distribuidoras con los agricultores locales, o se pudiera estar incumpliendo el Real Decreto-ley de prórroga de determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de junio de 2023 y vigente hasta el 31 de diciembre, que entre otras medidas contempla, para Canarias, una rebaja del IGIC del 7% al 0% para muchos alimentos básicos y del 3% al 0% para determinados productos sanitarios.

3.- Tal como se ha hecho en Francia (país en absoluto comunista), topando los precios de muchísimos alimentos básicos, siendo además Canarias un mercado relativamente cerrado y aislado geográficamente, exigimos al Gobierno de Canarias que se habiliten los mecanismos necesarios para establecer una cesta de la compra básica con precios tope, accesibles al bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población canaria, que incluya productos para la alimentación infantil, carnes, pescados, huevos, leche, arroz, legumbres, papas, frutas, verduras, productos de higiene, gas butano, etc…).. Esta medida puede parecer intervencionista e ir contra las normas de libre mercado que rigen en Europa, pero ha sido posible en Francia, y en Canarias no sólo debe ser posible, se ha de aplicar con urgencia, por la excepcionalidad de la emergencia alimentaria que sufre la mayoría de la población. Conviene recordar que Canarias ya cuenta con una medida intervencionista, en su momento se aprobó el AIEM, un arancel que no está en ningún otro territorio europeo.

4.- Revisión de la Cuota Cero en los comedores escolares, para su correcto y efectivo funcionamiento, y ampliar sus parámetros en cuanto a requisitos e ingresos máximos, para que cubra así a un mayor número de población infantil, teniendo en cuenta la subida desorbitada de los precios de los alimentos, la pobreza y los bajos salarios. Extender su servicio a los periodos de vacaciones de manera efectiva, y también a la cena con envasado de comida para llevar a casa, en los casos más graves de familias con menos o ningún ingreso.

5.- Aumento de todas las partidas económicas públicas específicas de alimentación destinadas a centros públicos o concertados (con una adecuada fiscalización pública en los concertados, que acostumbran a primar el lucro sobre la calidad) o asociaciones del tercer sector, donde residan o se alimenten colectivos especialmente protegidos, como son los centros de mayores, los hospitales, los centros de discapacitados, las residencias de día, los centros de menores, los de menores inmigrantes y por supuesto los colegios.

6.- Incrementar considerablemente la financiación y las transferencias a los ayuntamientos, al objeto de que se aumenten las cuantias y la periodicidad de las tarjetas de alimentos que Servicios Sociales dispensa a las familias con bajos o ningún ingreso, ahora con más razón pues se suprimen definitivamente las ayudas habituales del FEGA. A modo de ejemplo adjuntamos tabla de ayudas alimenticias del Ayuntamiento de Madrid, a años luz de lo que tenemos en Canarias.

7.- Revisar la Ley de Servicios Sociales de Canarias y modificar cuantos artículos sean necesarios para adaptar la normativa y las ayudas autonómicas a la realidad actual inflacionaria y de pobreza generalizada que sufre Canarias, que además tiene visos de perdurar en el tiempo.

8.- Exigir a los ayuntamientos a través de los diferentes mecanismos de coordinación intergubernamentales, que suavicen sus requisitos para acceder a ayudas sociales, adaptándolos a la realidad actual, donde cada vez más familias con trabajos no tienen para comer y vivir dignamente y sin embargo quedan fuera de las ayudas públicas.

9.- Impulsar acuerdos, mecanismos y en su caso normativa autonómica, para evitar el desperdicio de comida en buen estado que acostumbran a practicar los grandes supermercados en Canarias, tal como sucede por ejemplo en Bélgica o en Francia, países donde hay un mejor aprovechamiento de los excedentes alimentarios, sin que ello haya de suponer un menoscabo a la dignidad de la persona o a la calidad o salubridad del alimento.

-A MEDIO PLAZO (aunque no por ello menos urgente)-

10.- En aras a mitigar en parte la especulación evidente y el aumento imparable de precios que genera un mercado desregulado y sin control con demanda continuamente al alza, instamos al Gobierno de Canarias a la creación de cooperativas agropecuarias y distribuidoras de carácter público que contribuyan al abastecimiento y la distribución de productos alimenticios sin los intermediarios privados cuya finalidad es aumentar los márgenes de beneficios.

11.- Revisión a fondo de mecanismos como el REA, el AIEM, el POSEI o la RIC, para corregir cuanto se esté haciendo mal, llegando incluso a su supresión definitiva si se entendiera que es imposible ponerlos al servicio de los ciudadanos, de una mayor justicia social y de una correcta y efectiva protección de nuestro sector primario, al que se debe compensar y ayudar con otro tipo de medidas más directas. Exigimos que en caso de la RIC, se exija a la patronal que consigne a las arcas públicas los capitales evadidos a través del mecanismo del RIC (Reserva de inversiones de Canarias).

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de octubre de 2023