El STEC-IC advierte a las comunidades educativas que de aplicarse la LOMCE no sólo afectaría gravemente a 1º, 3º y 5º de Primaria y a la implantación de la FP Básica, sino conllevaría menos plazas públicas y disminución de profesorado

Los desarrollos curriculares son importantes, pero la privatización de la educación es más grave: en manos del Gobierno de Canarias y de las comunidades educativas está impedir la aplicación de la Ley, a pesar de lo que dicte el Gobierno del PP

El STEC-IC detecta que en los centros educativos y por parte del Gobierno de Canarias se están centrando las consecuencias de la pretendida implantación de la LOMCE por el PP en algunos aspectos, mientras se obvian o se desconocen otros que realmente conllevarían no sólo un cambio en el modelo educativo y en sus contenidos, sino la pérdida de plazas públicas y la disminución de profesorado en la red pública.

El PP intenta ocultar todo un articulado contenido en la LOMCE, que es de implantación inmediata a partir del 1 de septiembre de 2014 y que por tanto no está sujeto a un calendario de implantación a plazos. Si se aplicara lo que el Gobierno del PP ha impuesto unilateralmente en su nueva Ley educativa, la LOMCE, podría suponer la privatización de buena parte de los niveles educativos básicos y obligatorios (desde 1º de Primaria hasta 4º de la ESO) y estar sujetas también a ser privatizadas las enseñanzas consideradas no obligatorias o de régimen especial:

La LOMCE contempla la posibilidad de ofertar plazas educativas tanto por la propia Administración educativa como por un centro privado o un empresario/a.

La LOMCE contempla como novedad el principio de elección de centro (público o privado) por las familias o estudiantes mayores de edad. Si el centro privado acredita tener alumnado suficiente, la Consejería de educación tendría la obligación de concertar, es decir, financiar. Habría un reparto de las plazas educativas entre la red privada y la red pública. Sobraría profesorado de la actual red pública.

La LOMCE posibilita que un empresario/a solicite una licencia a un ayuntamiento para construir un centro educativo en suelo público. Si se le concede la licencia, la Consejería de educación está obligada a financiar a ese nuevo centro educativo del empresario/a. De nuevo se detraerían plazas públicas y sobraría profesorado.

La LOMCE declara que el Gobierno estatal programa las Enseñanzas de Educación Infantil, de Artes, de Idiomas, de Adultos, Deportivas, de Conservatorios de Música, pero no se responsabiliza de la prestación de esas enseñanzas, ya que no son obligatorias. Estas enseñanzas quedarían en manos de agentes privados.

La LOMCE le concede a un director/a de un centro público o privado la facultad de elegir a su profesorado, regular los recursos humanos, materiales y financieros: desaparecería la democracia de los centros educativos y provocaría traslados y despidos del profesorado.  

La LOMCE amplía la duración de los conciertos y amplia los conciertos a Bachillerato. La FP Básica será, además, preferentemente concertada.

El STEC-IC considera que el conjunto de la LOMCE debe de ser derogado. Señala como prioridad, al ser de implantación inmediata para el curso 2014, lo siguiente:

1.- Compromiso del Gobierno de Canarias y de la Consejería de Educación: fortalecer las ofertas de plazas públicas en todos los niveles de las distintas enseñanzas, tanto obligatorias como no obligatorias. Esto impediría la posibilidad de ofertar plazas innecesarias a los agentes privados.

2.- Compromiso de las familias, estudiantes, del profesorado y, en definitiva, de toda la ciudadanía: apostar decididamente por matricularse en centros públicos. Así no podrían los centros privados obtener financiación de fondos públicos.

3.- Compromiso de los ayuntamientos de los distintos municipios: no conceder a los empresarios/as licencias para la construcción de centros privados en suelo público.

4.- Compromiso de las comunidades educativas: apostar por la gestión y participación democráticas de los centros educativos. A la par, que las Administraciones educativas no permitan la especialización de un centro por un proyecto de un director/a.

5.- Esgrimir el argumento real y razonado, ya justificado por distintos territorios del Estado español, (Canarias, Andalucía, Asturias, País Vasco y Cataluña) que no hay tiempo suficiente para los nuevos desarrollos curriculares ni para la organización de un nuevo curso escolar de acuerdo a la LOMCE.

6.- Elección de asignaturas para obviar la materia de religión, que será computable a efectos de evaluación. Defensa del carácter laico de la educación pública.

El STEC-IC entiende que estos ejes son prioritarios, atendiendo al calendario de implantación de la LOMCE para el curso académico 2014. No se trata sólo de falta de tiempo para la elaboración y desarrollos curriculares, sino que está en juego y en peligro el servicio público educativo.

Llamamos a todos los agentes implicados en la Educación a remar en el mismo sentido, apostando por una educación pública y de calidad para el conjunto de la población de Canarias.