ANC advierte de un nuevo recorte de derechos laborales

Alternativa Nacionalista Canaria califica como un  grave paso atrás en materia de derechos laborales y sindicales, la sentencia de 16.09.2013 del Tribunal Supremo del Estado español.

En ANC hemos sabido que una empresa, perteneciente al sector de la construcción, había despedido por causas objetivas a dos trabajadores. La defensa de los dos despedidos alegó a  favor de los mismos el hecho cierto que dichas personas, al no haber transcurrido un año desde la finalización de su mandato como representantes legales de los trabajadores y de las trabajadoras, les era aún de aplicación la prioridad de permanencia en el puesto de trabajo en la empresa, exigiendo la declaración de nulidad  de los despidos por violación de la libertad sindical.

El tribunal Supremo, ante la existencia de diversas sentencias contradictorias dictadas por distintos Tribunales Superiores de Justica, en orden a proceder a resolver la citada disparidad doctrinal, resuelve posicionándose a favor de la empresa.

Visto lo cual, a partir de la emisión del Tribunal Supremo de la sentencia de 16.09.2013, en caso de despido objetivo, no se aplica la prioridad de permanencia que tienen las personas que han sido representantes legales de los trabajadores y de las trabajadoras y estén enmarcados en el año posterior a su mandato.

Con esta sentencia del Tribunal Supremo le facilita, al tejido empresarial, el despido de aquellos y aquellas  trabajadores y trabajadoras que hayan sido beligerantes en su actividad de propiciar conquistas para las clases trabajadoras en el seno de las empresas, contribuyendo con ello, aún más, a debilitar el movimiento sindical y empoderar al empresariado.

No queda otra que acatar las sentencias venideras en  el  mismo sentido. Pero ello no obvia que ANC muestre su rotunda disconformidad; así como tampoco obvia que, una vez más,  hagamos un rotundo llamamiento a las clases trabajadoras para que sigan profundizando la  lucha de clases en la que desde la otra  trinchera, el empresariado, desde el aparato legislativo del Estado español,  objetivamente se está fortaleciendo.