Asunción Frías exige al Ayuntamiento que garantice la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción

El Diputado del Común instó en mayo a la corporación a que se dote del personal técnico necesario para impedir que las solicitudes no se cursen

Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, llevará al pleno ordinario del próximo viernes, día 28, una pregunta en relación con la tramitación inicial de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), una ayuda social cuya solicitud comienza en el ámbito local y que en Santa Cruz funciona de manera muy deficiente, hasta el punto de que este derecho básico no se está garantizando por culpa de la falta de personal técnico.

La tramitación de este salario social, que se concede a personas en situación de exclusión, es tan irregular en el Ayuntamiento de la capital que el Diputado del Común ya le instó el pasado mes de mayo a contar de manera continua con suficiente personal técnico especializado para este fin, tras la denuncia de una ciudadana por no haber podido acogerse al derecho a percibir la PCI debido a la ausencia de trabajadoras que gestionasen la solicitud.

Según Frías, esa gravísima vulneración de un derecho básico no es un hecho aislado, ya que durante varios meses del año no existe personal dedicado a la tramitación de las ayudas de la PCI, realidad que ha empeorado en 2013 al reducirse el número, la jornada laboral, el salario y el periodo de contratación de las trabajadoras sociales. Esta precarización se da a pesar de que todas esas trabajadoras forman parte de una lista de reserva a la que accedieron mediante concurso oposición en 2012 y pese a que varias desarrollan las mismas funciones de manera discontinua desde 2008.

En la pregunta que expondrá al pleno el viernes, la concejala indica que en el gravísimo contexto social actual, esta situación laboral ha traído como consecuencia el aumento de las listas de espera de solicitantes iniciales de la PCI, además de la insuficiencia en el apoyo a la integración social vinculada a la ayuda económica, lo cual contraviene lo establecido en la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la PCI. Por todo ello, Frías desea saber qué pasos va a dar el grupo de gobierno para garantizar este derecho básico y los derechos laborales de las trabajadoras municipales que lo gestionan.

Frías le recuerda al Ayuntamiento que la PCI es en la actualidad el único recurso económico y social al que pueden acceder miles de familias de las Islas en la presente situación de crisis, muchas de las cuales se quedan cada año sin recibir la ayuda, entre otras razones por causa de las trabas burocráticas.