En concreto, la respuesta de la Sociedad de Desarrollo http://es.scribd.com/doc/157224713/Contestacion-a-JM-Corrales-Barcenas-1-pdf se refiere, literalmente, a “José Sánchez Peñate Sociedad Anónima NIF A 35020726, con Ia que hubo transacción consistente en la venta de espacio publicitario en el marco del proyecto Promoción  y Gestión del Parque García Sanabria, en e! periodo mayo 2008-mayo 2009, por importe total de 9.187,576, documentada mediante la factura número 1.1/09 de 20 de junio de 2009”

Esto no se refiera a otra cosa que al Servicio de Alquiler de Bicicletas del Ayuntamiento de Santa Cruz en el Parque García Sanabria.. “Es normal que quién lea esto no le suene ya que el servicio de aquiler de bibicletas se presentó por todo lo alto y fue otro pufo pues apenas funcionó unos días durante un año”, explica Corrales.

Según la propia página web del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (http://www.santacruzdetenerife.es/index.php?id=134&tx_ttnews%5BpS%5D=1209596400&tx_ttnews%5BpL%5D=2678399&tx_ttnews%5Barc%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2576&tx_ttnews%5BbackPid%5D=151&cHash=ab57dfd20a), el entonces primer teniente de alcalde de la ciudad, Ángel Llanos (PP), y concejal delegado de la Sociedad de Desarrollo, y el vicepresidente de JSP, Rafael Plañols, se daban la mano tras firmar un acuerdo para alquilar, por un euro, 16 bicicletas y cuatro tamdems en el Parque García Sanabria. “22 días después, el entonces alcalde también de Coalición Canaria, Miguel Zerolo, que se sentará en el banquillo del Tribunal Supremo por varios casos de corrupcción,  presentaba junto a Llanos y Plañols un servicio que nunca llegó a estar disponible del todo como puedieron comprobar los vecinos y vecinas de Santa Cruz pese a las cifras inventadas que entonces dío el PP como escusa”. (http://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/zerolo-y-llanos-inauguran-un-servicio-de-alquiler-de-bicicletas-para-dinamizar-el-comercio-y-el-ocio/ Se publicó también en la página web oficial del Ayuntamiento de Santa Cruz “y tampoco  se hablaba de dinero; sí en otras informaciones que aseguraban que JSP habría pagado hasta 25.000 euroshttp://www.20minutos.es/noticia/393012/0/tenerife/bicicleta/deporte/ y hay que recordar que la Ley de contratos públicos y concesiones no permite que se superen los 18.000 al dedo sin concurso así que tendrán que aclarar también si son 9.000 o 25.000”, señala Corrales.

A Corrales le resulta muy raro “que una empresa pague más de 9.000 euros, más de 15 millones de las antiguas pesetas, por una publicidad que nunca se hizo  efectiva del todo, a no ser que ese no fuera el concepto real. Un año después, el sustituto de Ángel Llanos en la Sociedad de Desarrollo acabó, oficialmente, con el servicio y nadie reclamó nada”.

A Corrales le resulta ahora más llamativa la defensa a ultranza del acuerdo con JSP que hizo el entonces concejal Brito Arceo (PP) defendiendo, literalmente, el servicio que “el PP y JSP pusieron en marcha”

La Industria Panificadora José Sánchez Peñate SL y su matriz José Sánchez Peñate SA, del conglomerado JSP, aportaron a las cuentas del PP en 2011, 30.000 euros, la primera, y 90.000, la segunda.

José Sánchez Peñate es un empresario muy bien relacionado como muestran las fotos con el actual ministro, José Manuel Soria (PP) y el subdelegado del Gobierno en Canarias, Guillermo Díaz-Guerra  (PP) o con el presidente del Cabildo, Ricardo Melchior (CC), el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (CC) o el Presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobéz (CC).

Algo más de un tercio de las donaciones económicas que percibió el PP a lo largo del año 2011 provenían de empresarios canarios. Los empresarios de las Islas ‘donaron’ ese año, en el que se celebraron las últimas elecciones municipales, insulares, autonómicas y generales 701.200 euros del total de 2.145.070,55 euros que están reflejados en el capítulo de donaciones de la última contabilidad auditada del PP. Casi cuatro veces más de lo que recibieron los populares en 2010.

Corrales presentó en la pasada junta de portavoces, una moción conjunta para pedir la dimisión de la cúpula del PP, incluido el presidente Mariano Rajoy, y la convocatoria de nuevas elecciones pero ningún grupo político municipal la apoyó, “ni siquiera los pseudosocialistas del PSOE y es curioso que, su socio de Gobierno, CC, lleve la misma propuesta al Congreso de los Diputados que aquí rechaza”, recuerda Corrales.

Más empresas del caso Bárcenas con contratos públicos en Canarias

 El concejal de Hacienda del gobierno de Santa Cruz, Alberto Bernabé (CC), ya reconoció, en respuesta a la pregunta realizada por Corrales en la Comisión de Control, que existe un pago de 8.190 euros, por procedimiento de urgencia, a la empresa Construcciones Industrial de Tenerife (Cointe) registrado el 21 de noviembre de 2002 en las cuentas municipales. Cointe cobró un millón y medio de las antiguas pesetas por unos trabajos realizados tras la riada del 31 de marzo de 2002 en concepto de Ayuda del Ministerio del Interior”.

En ese momento, el ministro del Interior era el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, también, entonces, vicepresidente de José María Aznar, en el Ayuntamiento, el alcalde era el hoy senador multimputado, Miguel Zerolo (CC) que pactó con el PP de Cristina Tavío y del hoy subdelegado del Gobierno, Guillermo Díaz Guerra, meses después. “La excusa casi perfecta para no sacar a concurso las obras y devolver el favor para lograr contratos públicos”, resume el concejal de XTF.

El pasado 19 de abril, un día después de que la cadena Ser publicara alguna de las empresas canarias que aparecen en la contabilidad ‘A’ del PP incluida en el sumario del ‘caso Bárcenas’, el presidente de Cointe, Ambrosio Jiménez, reconoció en prensa: "Yo le he dado dinero a todos los partidos como un detalle". Pero no sólo figura Cointe en la contabilidad oficial que el PP entregó por requerimiento del juez Ruz si no que también aparece Proyectos Inmobiliarios Las Arenas SL y Promociones Horneras SL que han realizado pagos al PP que suman más de 200.000 euros. 

Aunque el empresario grancanario afincado en Tenerife se atrevió a asegurar que "creo que todos los empresarios le damos dinero a los partidos y se lo damos legalmente", cabe recordar que no sólo la cantidad supera con creces la cifra legal si no que Jiménez está implicado en varios casos de corrupción urbanística en los que podría haber sido beneficiado por los gobiernos del PP, pero también del PSOE y de CC, a cambio de sobresueldos.

Ambrosio Jiménez declaró en la misma entrevista que “a todos los partidos, PP, PSOE y CC le he dado dinero”. Este empresario ha estado involucrado en diferentes pelotazos urbanísticos como el caso Jinámar, en el que también estuvo imputado el entonces alcalde y ahora ministro José Manuel Soria (PP), o el caso Trompo, en el que está también imputado, junto al empresario, el alcalde de la Orotava, Isaac Valencia (CC).

Las relaciones de las empresas de Jiménez con la administración están constatadas en la aprobación del PGO de La Laguna en 2005, con los votos a favor de CC y PP en el pleno del Ayuntamiento. Esa decisión posibilitaría la construcción del megaproyecto de Montaña Pacho, donde inicialmente se iban a construir cuatro polideportivos, 11 campos de fútbol, cuatro pistas de tenis y una pista cubierta de esquí, todo sobre una superficie de 182.000 metros cuadrados. Además, estaban proyectados edificios residenciales y el centro comercial más grande de La Laguna. El proyecto, con una inversión de 36 millones de euros, está ahora paralizado, tras construirse solo varios campos de fútbol y un colegio público.

“A Ambrosio Jiménez no le afecta esta estafa mal llamada crisis pues es de los que sale beneficiado de los poderes públicos”, explica Corrales al recordar que el empresario que se jacta de pagar sobresueldos “a todos los partidos políticos” quiere invertir en los próximos años 401 millones de euros en una gran superficie comercial y de ocio en el municipio turístico tinerfeño de Adeje, en pleno corazón del núcleo hotelero de la zona más exclusiva de la isla occidental. El Ayuntamiento, gobernado con mayoría absoluta por José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), dio luz verde al proyecto de la empresa Tropicana Atlántico SL, de Ambrosio Jiménez, en el barranco de Las Torres. El consistorio ha aprobado en un pleno municipal la modificación del uso de la parcela en el Plan General de Ordenación (PGO) sureño, que estaba calificada en un principio para albergar un parque de atracciones en 32.135 metros cuadrados, y ahora el empresario ha conseguido que la institución local aumente esa edificabilidad hasta los 127.000 metros cuadrados. 

Tras 20 años de abandono de la parcela del antiguo Tropicana, el gobierno municipal de Adeje ha dado el visto bueno al cambio de uso del suelo y el aumento de edificabilidad para construir el mayor equipamiento comercial de España. La modificación del PGO da 95.000 metros cuadrados más de edificabilidad a Tropicana Atlántico y "triplica" el valor de los terrenos. 

Además, se cifra en 95 millones de euros las plusvalías que obtendrá Jiménez con la recalificación de los terrenos, mientras que el proyecto supondrá para las arcas municipales seis millones de euros en cesiones de espacios libres para disfrute de los ciudadanos. Ambrosio Jiménez abonará al consistorio alrededor de 12 millones de euros para obtener las licencias de obra. 

No es el único proyecto de calado en el que está inmerso Jiménez, con gran experiencia en abrir centros comerciales y grandes superficies en el archipiélago, como El Trompo de La Orotava, por el que tendrá que sentarse dentro de muy poco en el banquillo de los acusados. El Plan Parcial Tamaraceite Sur, en la capital grancanaria, también ha estado envuelto en polémica: la controversia se remonta a 2004, cuando comenzaron las expropiaciones para ejecutar una nueva urbanización de 2.500 viviendas y un gran centro comercial. Dichas expropiaciones de suelo, la mayoría baldíos, fueron promovidos durante la etapa de la alcaldesa Pepa Luzardo (PP), época en la que se pretendía reservar 23.000 metros cuadrados para zonas comerciales, dotacionales y servicios. Las expropiaciones culminaron en 2007 con el 95% de los terrenos necesarios. Sin embargo, un particular recurrió el sistema expropiatorio y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) lo anuló en septiembre de 2005. La resolución judicial no frenó a Ambrosio Jiménez, principal promotor de Tamaraceite Sur, que con su empresa Proyectos Inmobiliarios Las Arenas (Pila) SA se ha hecho con el 40% de los terrenos.

Con el cambio de gobierno, en 2007, el PSOE retomó el plan pero cambió el sistema de expropiación al privado, en virtud del cual los particulares crean una junta de compensación que preside un promotor, se reparten los beneficios y el Ayuntamiento ordena urbanísticamente. El Consistorio puso en marcha entonces un nuevo convenio firmado con Pila SA, cuestionado por los vecinos de Tamaraceite, al incrementar de 32.000 a 85.000 los metros cuadrados de superficie comercial previstos.

Al llegar el PP otra vez a la Alcaldía en 2011, cambió otra vez el convenio privado por la expropiación pública tras una sentencia del Supremo. El pasado mayo se aprobó la adaptación definitiva del PGO capitalino a las leyes de ordenación del territorio de Canarias, a fin de consagrar el crecimiento comercial y el parque de viviendas de Tamaraceite Sur. El nuevo PGO implica dotar a la zona comercial de mucho más suelo a cambio de renunciar a construir en altura, cuando la idea original era levantar un edificio de varias plantas.

Cointe figura en los apuntes contables con una aportación de 100.000 euros, mientras que las otras dos sociedades de Jiménez, por las que también preguntará al pleno Corrales, entregaron 50.000 euros cada una. 200.000 euros en total también pagó el Grupo Lopesan: En los apuntes contables figuran Áridos Canarios SL y Trabajos y Servicios Canarios SL. Ambas empresas pertenecen al grupo hasta que fueron absorbidas por Lopesan Asfaltos y Construcciones SA en enero de 2013, perteneciente al empresario grancanario Eustasio López. Cada una de ellas aportó 100.000 euros a las arcas del PP en 2011.

Contraprestaciones a Lopesan con el beneplácito del PSOE

Lopesan obtuvo al año siguiente la adjudicación de un contrato por 14 millones de euros, junto a la compañía Acciona, para desarrollar las obras de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), una infraestructura dedicada a la investigación científica que está financiada por el Ministerio de Economía y el gobierno de Canarias, además de recibir subvenciones europeas con cargo a los fondos Feder. El convenio entre el Estado y el gobierno de Canarias fue firmado en 2007 por la ministra Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo (PSOE) y el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero Baute (CC) cuyo vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda era el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria (PP). Lopesan recibió la cuantiosa cantidad de dinero público en 2012, con Rajoy, y Soria, ya en el gobierno central. 

Por otro lado, Industria Panificadora José Sánchez Peñate SL y su matriz José Sánchez Peñate SA, del conglomerado JSP, aportaron 30.000 euros, la primera, y 90.000, la segunda. En total, estas siete sociedades, pertenecientes a tres grupos empresariales, que controlan Ambrosio Jiménez, José Sánchez Rodríguez y Eustasio López, son las que más dinero donaron ese año al partido del gobierno estatal. La suma de sus aportaciones fue de 520.000 euros. Otras ocho empresas canarias donaron los 281.200 euros restantes que figuran en la contabilidad oficial del PP en 2011.

En Comisión de Control, a Corrales le respondió por escrito el gobierno municipal de CC-PSOE que no existían contratos con la empresa Gestiones y Asesoramientos 3000 SL pero no le dijeron nada de las otras empresas en las que aparece el mismo apoderado: apoderado Miguel Ángel Ramírez, también presidente de Seguridad Integral Canaria, del Grupo Ralons y de la Unión Deportiva Las Palmas que donó al Partido Popular 50.000 euros. Ramírez figuraba también en 2011 como el mayor inversor en Bankia y Banca Cívica.

Corrales revisará el contrato millonario que, también el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene con la empresa de seguridad. Mientras Ramírez realizaba cuantiosos donativos a la formación conservadora, despedía a sus trabajadores. Los empleados llevan años denunciando irregularidades como retraso en el pago de las nóminas, modificación abusiva de las condiciones de trabajo y despidos. Los vigilantes han llegado a protagonizar manifestaciones y hasta una huelga de hambre.

Por otra parte, el dueño de Lanzagrava (empresa que donó 10.000 euros), Demetrio Rodríguez Robayna, fue detenido en 2010 en la tercera fase de la Operación Jable, enmarcada dentro del caso Unión. El empresario fue puesto en libertad sin fianza, aunque se le mantuvo la imputación. Lanzagrava había realizado un importante número de obras para el Ayuntamiento de Arrecife en los últimos años y, entre otras cosas, la empresa había resultado adjudicataria del Plan de Barrios impulsado por el PIL en la capital, además de otras obras.

Otra relación con el caso Emmasa

Corrales lleva un año relacionando el caso Emmasa con el caso Bárcenas y ahora, además de Sacyr, aparece Satocan en la contabilidad del PP filtrada en Internet. El concejal de XTF-verdes ya advirtió que Juan Miguel Sanjuán, que ha ‘donado’ 25.000 euros a través de la sociedad mercantil Ramos Gil SL, integrada en el grupo grancanario Satocan es “propietario de algo menos del 5% de las acciones de Sacyr y también intenta entrar en el sector energético de Santa Cruz a través de la Refinería y de su amigo José Manuel Soria”.

Por último, Transportes Carballo SL, una empresa tinerfeña, radicada en el Polígono de Güímar, aparece con un apunte contable por una donación más modesta, de 1.200 euros.