La espiral de recortes puesta en marcha por el gobierno del PP, al servicio de los intereses financieros, supone un golpe mortal para los Servicios Públicos y acelera el proceso de empobrecimiento de los pueblos de España.

Las medidas decididas por el ejecutivo autonómico para hacer frente a los recortes presupuestarios y asumir el ahorro impuesto por Madrid, le convierten en colaborador necesario en la profundización de la debacle económica y social de Canarias.

El gobierno del PP, bajo el pretexto de que, para tranquilizar a los mercados financieros, es absolutamente necesario cumplir los objetivos de déficit impuestos por Europa y asegurar el pago de los intereses de la deuda por encima de cualquier necesidad de la ciudadanía, arrastra al conjunto del estado español a una situación sin salida que se traduce en un empobrecimiento progresivo de la población, en una pérdida de derechos sin precedente, en la destrucción de los servicios públicos esenciales y en un dramático incremento de la injusticia y la desigualdad social.

La brutal reducción presupuestaria junto con la imposición de un ahorro adicional de 10.000 millones de € en sanidad y educación supone, además de la asfixia económica de las distintas administraciones, la práctica aniquilación de los Servicios Públicos esenciales y la pérdida de derechos básicos para los ciudadanos.

Cierre de centros de salud y de plantas hospitalarias, “repago” sanitario y farmacéutico, aumento de las listas de espera de quirófanos, aniquilación de programas de investigación médica, drástica reducción de recursos humanos, …, son algunas de las consecuencias directas que ponen en evidencia la campaña de acoso y derribo a la sanidad pública, hecho que contrasta con el crecimiento de los conciertos sanitarios y la continua desviación de recursos a la red privada.

En educación el panorama no es más halagüeño: aumento generalizado de ratios (20%) en todos los niveles y etapas, congelación de la oferta de FP y del plan para el desarrollo de la educación infantil de cero a tres años, desaparición de programas educativos y de atención a la diversidad y a las necesidades educativas, despidos masivos de docentes, reducción de la optatividad en la ESO y de la oferta de modalidades de bachillerato por centros, cierre de colegios e institutos, así como liquidación de servicios complementarios (transporte, comedores, …). Estas medidas de “ahorro” impuestas al sistema público, también chocan con el aumento de la financiación de la red privada-concertada.

Se condena a la universidad pública a perder financiación al tiempo que desaparecen las bonificaciones a las tasas de matrícula y se sustituyen las becas compensatorias por becas de excelencia, lo que se traduce en una segregación del alumnado en función de su estatus socio-económico y en la imposibilidad para un gran número de jóvenes de acceder a la formación universitaria.

La reducción de las partidas presupuestarias destinadas a servicios sociales, particularmente grave en relación al desarrollo de la Ley de Autonomía Personal (Dependencia), nos devuelven a la “beneficencia” como modelo de atención social.

Este paisaje se completa con nuevas contracciones de la masa salarial de los empleados públicos y la devaluación de sus condiciones y derechos laborales.

Curiosamente, todas estas medidas arbitradas supuestamente para reducir el déficit, han venido siendo reclamadas como esenciales por las grandes estructuras patronales y financieras. Mientras tanto, no se avanza un ápice en el desarrollo de un sistema fiscal verdaderamente progresivo ni se ponen en marcha los necesarios mecanismos para erradicar el fraude y la evasión de impuestos por parte de las grandes fortunas sino que, por el contrario, se les brinda una amnistía fiscal. En el caso de Canarias, tampoco se plantea abordar la RIC y las decenas de miles de millones de euros ocultos que han servido exclusivamente para generar beneficios empresariales.

El Gobierno de Canarias, sostenido por los grupos parlamentarios de CC y PSC, expresa públicamente su disconformidad con la política presupuestaria del gobierno central, pero no muestra empachos para desarrollarla en nuestra comunidad, convirtiéndose por tanto en colaborador necesario en la profundización de la debacle económica y social de nuestro archipiélago. No es responsable y mucho menos coherente asumir la gestión de medidas que se consideran contraproducentes y devastadoras para el conjunto de la ciudadanía canaria; más que de un imperativo se trata de una decisión política y el ejecutivo autonómico dispone de otras opciones, incluida la de rechazar las imposiciones de Madrid.

Desde Canarias Por la Izquierda-Si Se Puede queremos hacer un llamamiento al conjunto de las organizaciones progresistas de Canarias para construir de una vez, desde la convergencia política, un frente de oposición clara y definida a las directrices neoliberales marcadas por el capital financiero y la derecha europea; en defensa del estado social y de derecho; en defensa de las libertades democráticas y de los derechos fundamentales de las personas.

CANARIAS a 22 de abril de 2.012

CANARIAS POR LA IZQUIERDA-SI SE PUEDE