IU pide al fiscal general restablecer la legalidad en Arona

Gaspar Llamazares ha reclamado expresamente el desalojo de quien ocupa ilegalmente el cargo de alcalde “con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” si es preciso

IU alerta en su denuncia que José Alberto González Reverón (CC) está poniendo en peligro la ley que obliga a los condenados por corrupción a cesar en sus cargos públicos aunque la sentencia no sea firme

El grupo parlamentario de Izquierda Unida ha solicitado esta semana la intervención urgente del fiscal general y de la Fiscalía del Estado, frente a la situación de absoluta anormalidad democrática y de grave crisis institucional que ha desatado quien ocupa el cargo de alcalde en el Ayuntamiento de Arona, José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, por negarse a acatar la ley orgánica que establece el cese automático de los cargos públicos condenados por delitos de corrupción desde el momento en que se emite la sentencia, aunque la misma no sea firme.

Gaspar Llamazares, el diputado de IU que presentó esa petición de auxilio democrático, ha alertado al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce Lifante, de que la situación de profunda degradación democrática y excepcionalidad jurídica generada por González Reverón y por la mayoría de los concejales de esta Administración local del Sur de Tenerife ,de CC y CAN-CCN, con su decisión de desconocer e incumplir abiertamente la legalidad vigente en materia de incompatibilidades, “precisa una respuesta eficaz y sin dilación del Estado de Derecho, pues servirá de precedente para otros muchos que puedan plantearse a lo largo del país”.

Una inadecuada respuesta por parte de la Fiscalía y del Poder Judicial ante la grave situación que se está produciendo en ese Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma Canaria, según Llamazares e IU, “podría traducirse en la inaplicación generalizada de la ley y que los cargos públicos afectados eludan su cumplimiento negándose a dimitir o declarando ilegalmente su compatibilidad en los plenos corporativos -como ha ocurrido en Arona- con el consiguiente mayor desprestigio social de las instituciones”.

Por ello ha instado al fiscal general y a la Fiscalía del Estado a “restablecer la vigencia de la Constitución y del principio de legalidad en el ámbito institucional del Ayuntamiento de Arona”.

Judicialización, apercibimiento de desobediencia y desalojo policial.

Llamazares ha detallado al fiscal general que, según los servicios jurídicos del Grupo Parlamentario de IU, procedería promover la judicialización del caso, requerir formalmente al alcalde de Arona que cese en su conducta ilegal, “con los apercibimientos legales de desobediencia”, y, en caso de persistir en su conducta obstativa, “proceder con la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a restituir la legalidad en dicha corporación”, desalojando a González Reverón del cargo.

Sobre la “incuestionable” gravedad de los hechos que están acaeciendo en ese municipio del Sur de Tenerife, su escrito recalca que al detentar José Alberto González Reverón el cargo de alcalde “se produce” una usurpación de las funciones propias de esa autoridad, generando una situación permanentemente delictiva inadmisible. Al mismo tiempo “son nulos de pleno derecho todos los actos que dicte generando una clara inseguridad jurídica con los impactos económicos para el erario público municipal que ello pudiera tener por las responsabilidades patrimoniales ulteriores que pudieran ser exigidas”.

Un Ayuntamiento gravemente afectado por casos de corrupción

En esa denuncia el diputado de Izquierda Unida incide además en el agravante de que todo lo expuesto está ocurriendo en un Ayuntamiento gravemente afectado por casos de corrupción, y que el referido José Alberto González Reverón y numerosos concejales están imputados en las macrocausas conocidas como Caso Arona 1, Arona 2 y Arona 3 -todas iniciadas por la Fiscalía de Medio Ambiente- por delitos varios de prevaricación, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos y cohecho.

Detalles de la ocupación ilegal de la Alcaldía de Arona

Esta grave crisis arrancó el 28 de junio cuando el juzgado de lo penal número 1 de Santa Cruz de Tenerife condenó al alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, por un delito continuado de prevaricación a la pena de cuatro años y medio de inhabilitación motivado por las graves y sistemáticas ilegalidades incurridas en la contratación de personal. Desde ese momento está incurso en la causa tipificada en el artículo 6.2 b) y 4 de la Ley Orgánica Electoral General que determina la incompatibilidad de los condenados por sentencia “aunque no sea firme” por delitos contra la Administración Pública.

Dicha causa de incompatibilidad, como ha recordado Llamazares a Torres-Dulce Lifante, se introdujo con la última reforma de la ley electoral, “ampliando la anteriormente prevista para los delitos de terrorismo como respuesta que pretende ser enérgica contra la corrupción”.

Pero lejos de cumplir con la Ley y dejar el cargo, José Alberto González Reverón, ha desarrollado durante meses toda una estrategia orientada a incumplirla.

Primero, se negó de forma reiterada durante meses a facilitarle la sentencia a la secretaria general del Ayuntamiento para intentar evitar que ésta pudiera informar jurídicamente sobre la concurrencia de la incompatibilidad referida.

Cuando la oposición aportó copia testimoniada de la sentencia y la secretaria concluyó, avalada por el superior criterio de la Junta Electoral Central, que procedía que el Ayuntamiento pleno tomara conocimiento de la condena determinante de la “incompatibilidad ex lege” que conlleva el cese automático del cargo, González Reverón inició una clara huida hacia adelante y, para consumar su ilegal ocupación del cargo de alcalde, convocó para el pasado 30 de octubre una sesión plenaria extraordinaria y urgente para declarar su compatibilidad con el apoyo de los 14 concejales de Coalición Canaria y Centro de Arona-Centro Canario Nacionalista.

Este acuerdo de indiciaria relevancia penal como prevaricación, supone vulnerar de forma  de forma abierta la ley electoral en una conducta injustificable.

Escrito de Llamazares