Buscar
sábado, 27 de abril de 2024 14:00h.

NC corrige la ley del Ejecutivo para que el Diputado del Común vele por la transparencia en la administración pública

Los diputados nacionalistas presentan 21 enmiendas parciales al proyecto de ley del Gobierno de CC y PSOE

NC corrige la ley del Ejecutivo para que el Diputado del Común vele por la transparencia en la administración pública

Los diputados nacionalistas presentan 21 enmiendas parciales al proyecto de ley del Gobierno de CC y PSOE

Nueva Canarias (NC) ha decidido corregir el proyecto de ley del Ejecutivo de CC y PSOE para que el Diputado del Común vele por la transparencia y el acceso a la información en la administración pública canaria. Los diputados nacionalistas Román Rodríguez y Pedro Justo han presentado 21 enmiendas parciales al texto legislativo gubernamental.

Las propuestas de mejora al proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se agrupan en siete enmiendas de adición, nueve de modificación y cinco de supresión.

El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, explicó que la más relevante es la que rechaza la creación de un nuevo organismo, el comisionado de transparencia y acceso a la información pública, elegido entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, para que sus funciones sean “asumidas” por el Diputado del Común; como contenía el anteproyecto de ley del consejero canario responsable Francisco Hernández Spínola.

Rodríguez informó que, con esta enmienda, NC evita la creación de un nuevo organismo público con el consiguiente aumento del gasto y dota de un mayor significado y funciones complementarias al alto comisionado del Parlamento para la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. “Volvemos al planteamiento originario del Ejecutivo, avalado además por el Consejo Consultivo”, indicó el portavoz nacionalista.

Más de la mitad de las propuestas de mejora de NC, añadió el portavoz en la materia, Pedro Justo; van encaminadas a “favorecer más la transparencia en el funcionamiento” de las administraciones públicas. Entre ellas, la relativa a la “obligatoriedad” de que el comisionado responda a las reclamaciones presentadas frente a la iniciativa del proyecto de ley que entiende que será desestimada si no se contesta en el plazo de tres meses.  Una de las “principales reclamaciones” realizadas por el organismo Transparencia Internacional a la ley estatal de 2013 en esta materia, según Pedro Justo, fue que la consideración negativa del silencio administrativo “desvirtuaría totalmente” la aplicación de la norma.

Nueva Canarias propugna además, como hace con otras de sus iniciativas, que el Gobierno haga públicos los informes económico-financieros, de las ayudas y subvenciones, entre otros, y que los datos, en general, estén insularizados con el fin de tener un conocimiento exhaustivo de la realidad y situación de cada una de las islas.

También que se conozca el extracto de los acuerdos del Ejecutivo, cuya divulgación resulte de mayor relevancia pública, así como los acuerdos suscritos con los sindicatos, organizaciones empresariales y otros agentes sociales y económicos relevantes.

Tras indicar que este proyecto de ley es un avance, Román Rodríguez advirtió  de que “no tendrá ninguna incidencia si no hay una voluntad política” para su desarrollo y cumplimiento. Pedro Justo reiteró la necesidad de que los principios de este proyecto de ley se trasladen al Parlamento a través de la adaptación de su reglamento.