NC insta al Gobierno canario a levantar el veto a la tramitación en el Parlamento de la iniciativa popular por la mejora de la educación

Román Rodríguez y Carmen Hernández consideran “muy nocivo para la democracia” negar la defensa de una propuesta avalada por más de 35.000 canarios

Los dos diputados de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez y Carmen Rosa, han llevado al Parlamento una iniciativa con la que pretenden dar voz a la promotora de la iniciativa legislativa popular por la mejora de la educación vetada por el Gobierno de Canarias. Los dos representantes de NC registraron en la Cámara, el pasado 5 de octubre, una Proposición No de Ley en la que instan al resto de los grupos parlamentarios (CC, PSC y el PP) a solicitar al Ejecutivo, presidido por Paulino Rivero, a que reconsidere su negativa a la tramitación parlamentaria de una iniciativa legislativa popular avalada por más de 35.000 canarios.

La iniciativa legislativa popular por una Ley Canaria de Educación pretende, según su exposición de motivos, que el Gobierno de Canarias, “con la participación de todos los sectores de la sociedad canaria y de la comunidad educativa”, apruebe un conjunto de mejoras que incidan en el incremento de la calidad, la eficiencia y la equidad del sistema educativo canario.

Carmen Hernández y Román Rodríguez recordaron que esta propuesta, vetada por el Ejecutivo y los grupos parlamentarios que le poyan (CC-PNC-CCN y el PSC), viene apoyada por 35.000 firmas, “más del doble” de lo exigido por la ley. Ambos parlamentarios insistieron en que fue elaborada con el “consenso” de la comunidad educativa y de la sociedad canaria. Como promotores participaron miembros de la comunidad educativa (padres, alumnos y profesores) así como numerosos sectores sociales (organizaciones culturales, federaciones de asociaciones vecinales, Organizaciones No Gubernamentales y sindicatos, entre otros). Todos, según Rodríguez y Hernández, respaldaron con su firma la necesidad y el  compromiso de abrir un debate social sobre la mejora de la educación pública en Canarias.

Desde el grupo parlamentario de NC “entendemos que, en un momento donde la ciudadanía se aleja peligrosamente de los gobiernos, de las administraciones públicas e incluso de la política, donde las vías o canales de participación democrática son escasas, siendo las iniciativas legislativas populares un importante instrumento de participación real de la ciudadanía en los asuntos de interés  general; no es saludable impedir la participación ciudadana”.

Para ambos diputados de NC, desde un punto de vista democrático, es muy nocivo negar la voz en el Parlamento a los representantes de esos 35.000 canarios que, tras cumplir con todos los trámites legales establecidos, quieren que el Legislativo, sede de la soberanía popular, “escuche sus opiniones y propuestas” para la mejora del sistema educativo canario.

Pensamos además, agregaron ambos, que el Gobierno Canario “pierde legitimidad” para abanderar un pacto social y político por la mejora de la educación, pacto social que a menudo proclama como objetivo deseable, si a renglón seguido impide una iniciativa que es una viva expresión de ese consenso pretendido.