El grupo nacionalista exige un informe de constitucionalidad y otro sobre las repercusiones económicas de la proposición de ley del Cabildo de Tenerife

Nueva Canarias (NC) ha solicitado formalmente a la Mesa del Parlamento que suspenda, con carácter temporal, la tramitación de la proposición de ley sobre los barrancos de Güímar. La exigencia del grupo nacionalista de izquierdas se ampara en la necesidad de que el Gobierno presidido por Fernando Clavijo y sus Servicios Jurídicos realicen un informe de constitucionalidad y otro sobre la evaluación de las consecuencias económicas para la hacienda canaria de la iniciativa legislativa del Cabildo de Tenerife, gobernado por Carlos Alonso.  El portavoz nacionalista censuró la actitud de Clavijo al eludir su deber de vetar la proposición de ley por su importante impacto en el presupuesto canario y endosar al Parlamento las responsabilidades gubernamentales.

El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, registró hoy un escrito sobre la tramitación de la Proposición de Ley de Ordenación de los Barrancos de Güímar y Restauración de ese Espacio. Una iniciativa motivada, según explicó, por la actitud del Ejecutivo de CC y PSOE al "eludir sus responsabilidades de vetar" la norma registrada en el Parlamento "a sabiendas de que tiene impacto" en el presupuesto del Gobierno "aunque ha eludido su cuantificación".

El portavoz nacionalista lamentó que el gabinete de Clavijo haya dado la conformidad a su tramitación pero "cínicamente lo condicione" a que cualquier actuación que se drive de la proposición de ley "no cause un perjuicio económico" a la arcas canarias.

En opinión de NC, la actitud de Clavijo es "aún más grave" cuando los informes de los departamentos del Gobierno afectados por la citada proposición de ley se oponen a su tramitación. Se trata del informe de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento de Pedro Ortega, en el que se advierte de que "supone una vulneración abierta del bloque de constitucionalidad en cuanto a la competencia estatal sobre el dominio minero y de la propia ley de minas".

También otros informes que avisan de las consecuencias económicas, entre las más importantes y que serán multimillonarias, indicó, las derivadas de la restitución ambiental parcial de los barrancos y las relativas a las indemnizaciones (a los propietarios del suelo minero y por las concesiones de áridos que puedan suspenderse) que tendrá que pagar el Gobierno de Canarias y que repercutirán en el presupuesto gubernamental.

Se trata, según Rodríguez, de las advertencias mostradas por la dirección general de Agricultura y Desarrollo Rural de la consejería de Narvay Quintero, la dirección  general de Planificación y Presupuestos del departamento de Rosa Dávila así como de otros dos informes del Cabildo tinerfeño, uno jurídico del servicio administrativo de Política Territorial encargado al profesor Francisco Villar y otro del servicio técnico del mismo departamento de la administración insular

Por estos motivos, NC ha demandado a la Mesa de la Cámara que solicite un informe de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo canario sobre la "adecuación constitucional" de la proposición de ley.

También un segundo informe al gabinete de Clavijo sobre la "cuantificación de las evidentes repercusiones económicas que destacan" los informes del Gobierno y del Cabildo, tanto las relacionadas con la restitución ambiental parcial de los barrancos, valoradas en 360 millones de euros, como con las personas jurídicas "con título minero en vigor" y con los "derechos de aprovechamiento" sobre los áridos, que tienen los propietarios de ese suelo.

Román Rodríguez censuró la actitud del Gobierno de Clavijo por eludir su deber de vetar la proposición de ley y endosar al Parlamento las responsabilidades gubernamentales.