NC solicita a Cardona la retirada de los fondos municipales de los bancos que proceden con desahucios “injustificados”

Los ediles nacionalistas proponen la creación de un parque de viviendas de alquiler a precios asequibles acordado con inmobiliarias y entidades financieras

Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reclamó hoy al alcalde del PP, Juan José Cardona, que retire los fondos municipales de los bancos que proceden con los desahucios de forma “injustificada”. Los concejales nacionalistas José Eduardo Ramírez y Pedro Quevedo propusieron la creación de un parque de viviendas de alquiler a precios asequibles acordado con inmobiliarias y entidades financieras.

Esta propuesta, según Ramírez, se concreta en una moción que se defenderá en el próximo pleno. En opinión de los concejales de NC, las medidas puestas en marcha por el Gobierno estatal del PP sobre la ley hipotecaria han sido un “absoluto fracaso”, tal y como demuestran los datos del Consejo General  del Poder Judicial, que revelan que, en el segundo trimestre del 2014, se iniciaron en el Estado 21.178 ejecuciones hipotecarias, un 4,2 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Más grave aún es la cifra de desahucios, según Ramírez, que aumentó, en ese mismo periodo, en un 3,7 %, siendo su número, desde abril a junio de 2014, de 18.749. Igualmente la moratoria contendida en esta última reforma, que posibilitaba paralizar la ejecución hipotecaria, es “tan restrictiva” que sólo ha conseguido parar el 8% de las órdenes de desahucios, según indicó el edil nacionalista.

José Eduardo Ramírez criticó que el PP engañara a la ciudadanía con una serie de medidas, que “no han servido para nada, y que por el contrario han agravado” el problema de los desahucios, “protegiendo aún más” a la banca y “abandonando” a los ciudadanos.

Nueva Canarias opina que el Ayuntamiento,  desde su ámbito competencial, tiene que ayudar a aquellos que están en situaciones dramáticas, a punto de perder su hogar porque no pueden pagar sus hipotecas como consecuencia de la crisis económica.

Los concejales de NC propondrán, en el pleno, que se apruebe la adopción de un acuerdo con las entidades bancarias para la creación de un parque de viviendas destinado el alquiler a precios asequibles. Ramírez aseguró que las entidades bancarias han acumulado muchos inmuebles que están actualmente vacíos, producto en gran medida de los desahucios. “Entendemos desde Nueva Canarias que el Ayuntamiento debe impulsar que sean puestas a disposición ciudadana con precios asequibles”, recalcó Ramírez.

Al mismo tiempo, NC solicita la creación de una mesa de trabajo conjunta entre el Ayuntamiento, las plataformas de afectados, las entidades bancarias y las inmobiliarias para que se pueda hacer un “seguimiento e intermediación” para resolver los casos concretos de aquellos deudores de buena fe que estén en procesos de ejecución hipotecaria.

También le solicitamos a Cardona, agregó, que sea “más contundente” con aquellas entidades bancarias que no colaboren en la implementación de estas medidas y “reitre” los fondos municipales de las referidas entidades

 

 

MOCIÓN DE LOS CONCEJALES DE NUEVA CANARIAS SOBRE LOS DESAHUCIOS

 

Año y medio después de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, el drama de los desahucios y la emergencia habitacional en la que se encuentra el Estado español siguen tan vivos como al inicio de la crisis o cuando esta situación copaba gran parte del tiempo de la prensa escrita y audiovisual. La situación es de emergencia social, y lo único que hace el Gobierno central del Partido Popular para revertirla es actuar tarde, a remolque de la lucha social y cerrando en falso los conflictos con falsas soluciones.

 

Las medidas impulsadas hasta el momento tienen un reducido impacto sobre la disminución del número de familias afectadas por ejecuciones hipotecarias. Por ejemplo, durante los dos años de aplicación del Código de Buenas Prácticas Bancarias, aprobado en marzo de 2012 y confirmado en la Ley 1/2013, se han denegado el 44 % de las solicitudes recibidas por los restrictivos criterios de inclusión de la norma. En cifras absolutas, solo unas 20.000 familias se han beneficiado de las medidas de protección frente al sobreendeudamiento, incluyendo suspensiones de lanzamientos, reestructuración de deuda y daciones en pago, frente a los 346.784 lanzamientos que, según datos del Consejo General del Poder Judicial, se produjeron en España desde enero de 2008 hasta junio de 2014. Según los últimos datos publicados por este mismo órgano, en el segundo trimestre del 2014 se han iniciado en el Estado español 21.178 ejecuciones hipotecarias, un 4,2 % más que en el mismo periodo del año anterior. Más grave aún es la cifra de desahucios, que aumentó en ese mismo periodo en un 3,7 %, siendo su número desde abril a junio de 2014 de 18.749.

 

Del mismo modo, el Fondo Social de Viviendas, otra de las medidas estrella contenidas en la citada ley, ha rechazado el 43,6 % de las solicitudes por no cumplir los solicitantes con los requisitos de acceso, y ha dado como resultado en 16 meses de funcionamiento la suscripción de poco más de 1.400 contratos de alquiler. Más del 75 % (4.600) de las 6.000 viviendas asignadas al Fondo Social de Viviendas están todavía vacías. Por último, la moratoria o suspensión de los lanzamientos por un periodo de dos años de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión ―otra de las medidas impulsadas por el Gobierno― también se ha demostrado del todo insuficiente, pues la gran mayoría de los solicitantes han sido excluidos por no cumplir los requisitos. La moratoria solo ha detenido el 8 % de las 120.862 órdenes de desahucio de los dos últimos años.

 

Si nos atenemos a lo que este ayuntamiento ha hecho o puede hacer debemos señalar que Nueva Canarias presentó una moción en noviembre de 2012, elaborada junto a la Plataforma Stop Desahucios Gran Canaria, en la que proponía una serie de medidas para tratar de resolver el grave problema en el que se encontraban miles de familias en nuestra capital. Esta moción contenía medidas del ámbito del Gobierno central como la admisión de la dación en pago, pero también solicitaba al grupo de gobierno municipal una mayor implicación proponiendo medidas tales como el cierre de las cuentas de aquellas entidades bancarias sobre las que se tuviera constancia de que estaban desahuciando de forma injustificada a deudores de buena fe. También se pedía la creación de una Comisión Mixta entre el Ayuntamiento, afectados y entidades bancarias que buscara soluciones a las situaciones concretas que se les presentaran.

 

Estas son solo algunas de las propuestas que se hacían, pero finalmente la moción no llegó a ser discutida, pues se pactó entre todas las fuerzas políticas una Declaración Institucional sobre los desahucios en la que se recogían medidas como la mediación municipal, la creación de un parque de viviendas o la elaboración de una Guía, siendo esta última la única medida que ha cumplido el grupo de gobierno.

 

En octubre del año pasado, desde Nueva Canarias volvimos a insistir en el problema de la vivienda, enfocándolo concretamente en aquellas personas sin hogar y el tratamiento que desde el Ayuntamiento se les daba. Desgraciadamente, pocas semanas después del agrio debate mantenido pudimos conocer, a través de una filtración periodística, cuál es el protocolo que este grupo de gobierno tiene para actuar ante las personas sin hogar que pernoctan en las calles: sacarlas de los lugares más visibles.

 

Ante ello, desde Nueva Canarias volvemos a solicitar la urgente intervención del Ayuntamiento, pues ante uno de los problemas más graves por los que atraviesa gran parte de la ciudadanía, este no puede permanecer como un convidado de piedra, alegando falta de competencia y mirando para otro lado.

 

En consecuencia, se presentan las siguientes propuestas para su consideración en este pleno:

 

1. Solicitar al Gobierno de España un balance de resultados, evaluación y propuestas de mejora de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

 

2. Instar al Gobierno de España para que presente una Ley de Segunda Oportunidad para que familias y autónomos puedan reestructurar sus deudas, como lo hacen las sociedades mercantiles, y no verse abocados a vivir toda su vida atrapados en las deudas contraídas en un momento de su vida.

 

3. Solicitar al Gobierno de España que prorrogue la moratoria antidesahucios de manera universal e indefinida, reduciendo los requisitos necesarios para acceder a ella y ampliando el número de beneficiarios.

 

4. Pedir al Gobierno de España que revise los requisitos de acceso al Fondo Social de Viviendas, con rentas asumibles en función de los ingresos, ampliando las viviendas disponibles con los inmuebles transferidos al “banco malo”, la SAREB, viviendas de entidades financieras participadas por el FROB y viviendas desocupadas de titularidad pública.

 

5. Requerir al Gobierno central para que se establezca el carácter obligatorio de las medidas contenidas en el Código de Buenas Prácticas Bancarias, con la previsión de adoptar mecanismos de mediación y arbitraje en casos de desacuerdo entre deudor y acreedor. Asimismo, otorgar al deudor el derecho a elegir entre las diferentes alternativas de protección: reestructuración, quita o dación; y eliminar la casuística personal, social o económica para el acceso al citado Código.

 

6. Solicitar al Gobierno del Estado que, con carácter excepcional y hasta que se lleven a cabo las modificaciones legislativas necesarias para hacer frente a la emergencia habitacional, se contemple la expropiación temporal del uso de inmuebles propiedad de la banca de las viviendas afectadas por procedimientos de desahucios para facilitar el acceso a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos a aquellas personas y familias que hayan sufrido un lanzamiento hipotecario.

 

7. Solicitar al Gobierno del Estado que impulse la reforma de la legislación hipotecaria y civil para limitar el sobreendeudamiento con las siguientes medidas:

— Los créditos a la vivienda o los créditos hipotecarios no podrán superar el 30 % de los ingresos personales o familiares.

— Estas operaciones no podrán fraccionarse.

— Los contratos hipotecarios no podrán exceder de 30 años.

— El importe del crédito no podrá superar al 80 % del valor de tasación.

— Las entidades tasadoras serán responsables del valor de tasación calculado, que en ningún caso podrá suponer una desviación al alza de más del 10 % sobre los valores habituales en el entorno de la vivienda. En caso de superarse ese 10 % la entidad tasadora deberá asumir los perjuicios económicos que se pudieran generar al deudor hipotecario.

— Los intereses moratorios, en ningún caso, podrán superar el doble del interés legal del dinero (euríbor).

— La regulación legal de las cláusulas de interés variable en ningún caso podrá comportar un reparto equilibrado del riesgo que ambas partes asumen.

— Incrementar el nivel de los ingresos inembargables, incluyendo en ese concepto un mínimo de patrimonio, equivalente a los ingresos de cinco años del salario base.

• Transferencia de todos los derechos establecidos para la protección de las familias afectadas por impagos, embargos, desahucios, etc., sin cambio alguno, en caso de que la entidad bancaria venda o transfiera a terceros la vivienda o el crédito hipotecario.

 

8. En el ámbito municipal se propone la creación una mesa de trabajo mixta en la que participen representantes del Pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos en que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.

 

9. Que el Ayuntamiento acuerde con las entidades bancarias la creación de un parque de viviendas para el alquiler que sean puestas a disposición de la ciudadanía a precios asequibles.

 

10.  Que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de poner en marcha una Oficina que se dedique exclusivamente al asesoramiento, acompañamiento y la intermediación con los afectados por las hipotecas, preferentes o todos aquellos productos financieros susceptibles de contener cláusulas abusivas.

 

11.  Estudiar la posibilidad de que el Ayuntamiento retire sus fondos de aquellas entidades bancarias que no muestren colaboración en la implementación de las medidas que se proponen en la presente moción.