Frías preguntará al pleno si la Seguridad Social había avisado en diciembre del inminente embargo al IMAS

* Sí se puede pide que se le exija responsabilidad patrimonial a Ignacio González por su nefasta gestión del Instituto durante el pasado mandato

* La organización pide flexibilidad a la Tesorería de la Seguridad Social

Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, preguntará en el próximo pleno si es cierto que la Tesorería General de la Seguridad Social había notificado por escrito el aviso de embargo al Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) desde hacía meses. Este supuesto, revelado hoy por la prensa local, se contradice con el comunicado enviado ayer a los concejales por la presidenta del IMAS, Alicia Álvarez, en el que afirmaba que el embargo, conocido también ayer, se había producido sin notificación previa.

Frías quiere que Álvarez también diga al pleno qué negociaciones ha llevado a cabo el Ayuntamiento con la Seguridad Social para evitar llegar a esta gravísima situación y qué pasos está dando o tiene previsto dar para abordarla. Sobre la notificación previa, Frías se basa en noticias publicadas hoy en la prensa local, según las cuales este aviso se habría dado el pasado mes de diciembre.

Sí se puede exigirá que se abra un expediente para reclamar responsabilidad patrimonial al exedil Ignacio González (CCN), presidente del IMAS en los últimos años del anterior mandato, pues es uno de los principales culpables de la deuda de la cooperativa Mararía con la Seguridad Social, razón que ha llevado a este organismo a embargar la cuenta corriente del Instituto. La responsabilidad de González radica tanto en el enorme retraso en los pagos a la empresa como en no haber controlado si esta estaba al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

Flexibilidad

A pesar de que la presente situación de bloqueo también es consecuencia en parte de la mala gestión del actual grupo de gobierno, Sí se puede cree que la Seguridad Social debe mantener una postura más flexible, por lo que le pide que levante temporalmente el embargo hasta que pueda llegarse a una solución negociada, porque la vida de muchas personas del municipio depende en gran medida de las ayudas y demás servicios sociales municipales.

El caso Mararía es un ejemplo más de que la gestión privada de los servicios públicos acaba saliendo cara a la Administración, según Frías, que recuerda que en julio pidió que el Ayuntamiento subrogara a las extrabajadoras de la cooperativa y asumiera la gestión directa de los servicios. Una de las razones por las que el grupo de gobierno se negó a hacerlo fue el evitar asumir la deuda de la empresa con la Seguridad Social, a pesar de que en agosto reconoció ser responsable subsidiario. “Finalmente –lamenta la concejala– ha tenido que asumirla y de la peor manera posible; sin embargo, las extrabajadoras todavía no han vuelto a ser contratadas”.