Sí se puede propondrá acabar con la práctica ilegal de motocross en el municipio

El continuar con esta actividad, ignorando la legalidad vigente, podría acarrear multas de entre 150.000 y 600.000 euros

El concejal de Sí se puede en La Laguna, Juan Miguel Mena, va a presentar el próximo jueves en el pleno ordinario de enero una moción por la que espera regular la práctica del motocross y otras actividades de motor en zonas no permitidas del municipio.

Mena, que denunció recientemente este tipo de prácticas en la zona de Jardina, considera que se debe acabar con una práctica irregular que genera una importante erosión, problemas de ruido y conflictos con los vecinos. Recuerda que la Isla de Tenerife cuenta solo con un único espacio homologado para la práctica de este deporte, situado en el municipio de San Miguel. En el municipio de La Laguna existen desde hace bastantes años varios puntos donde se vienen realizando actividades de forma irregular, destacando por su tamaño el circuito de la Mesa Mota, todas estas zonas son absolutamente irregulares, ya que no cuentan con permisos o autorizaciones.

Los propios informes de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento lagunero describen los problemas que genera esta actividad. En mayo de 2010 el por entonces concejal de esta área, Plácido Mejías, presentó públicamente un informe que atestiguaba que esta actividad en la zona de la Mesa Mota era claramente incompatible con el régimen de protección de esos suelos, constatando una "fuerte erosión del suelo producida por el rodamiento de los artefactos deportivos", un "impacto significativo en las aves en épocas de apareamiento y anidamiento" y la "imposibilidad de reforestar de forma natural un terreno deforestado". Junto con estas afecciones al entorno natural también nos encontramos con perjuicios a los propietarios de fincas, los cotos de caza, los senderistas y los ganaderos que ven como esta práctica deportiva no cuenta con ningún control por parte del municipio, poniendo en riesgo a las personas o a los animales que circulan por esas zonas, además de afectar a otros usos más sostenibles del suelo.

“Los vecinos deben tener claro que esta actividad en el municipio carece de la preceptiva calificación territorial o de proyecto de actuación territorial, algo que se tipifica como muy grave en el artículo 202.4 de las leyes de ordenación de Canarias, estableciéndose sanciones que oscilan entre los 150.000 y 600.000 euros” explica el edil.

En el propio documento del avance del PGO de febrero de 2009, elaborado por la Gerencia de Urbanismo, se plantea prohibir estas instalaciones recreativas en suelo rústico, dejando fuera de ordenación las instalaciones existentes que afectan al medio. Igualmente en dicho texto se recoge la posibilidad de permitir la actividad “mediante la regulación normativa, definiendo zonas donde únicamente se pueda llevar a cabo un determinado uso de esparcimiento con edificación o complejo recreativo, ya sea de actividades que provengan de las propuestas al avance o reubicando instalaciones existentes tales como las de motocross, siendo su regulación, pormenorizada en tercer grado a través de planes de desarrollo, según define el PIOT, prohibiendo esta actividad en el resto del territorio”.

Desde la formación de izquierdas lagunera afirman que las zonas que actualmente sirven para la práctica de esta actividad en el municipio están clasificadas como suelo de protección paisajística, que en el PGO de La Laguna, en el texto refundido de octubre de 2004, establece la prohibición del “uso de vehículos de motor particulares fuera de los recorridos expresamente autorizados para ello” así como “las que pudieran suponer alteraciones del relieve original del terreno, de la estructura de los suelos o de las infraestructuras de los bancales y elementos de contención, o que disminuyeran la superficie arbolada, salvo por razones de mantenimiento de ésta o de sustitución por especies autóctonas en su área potencial”.

Mena espera que de una vez por todas se alcance un acuerdo que limite estas actividades en el municipio, también por la seguridad de los propios usuarios, y para ello propone crear un espacio de negociación donde participen representantes de la Federación de Motocross, asociaciones vecinales, organizaciones ecologistas, representantes del Ayuntamiento y del Cabildo para estudiar el posible establecimiento de un espacio habilitado para esta práctica deportiva. “Creemos que existen suficientes motivos para alcanzar este acuerdo y para detener esta actividad sobre la que el Ayuntamiento ha querido mirar para otro lado, a pesar de las consecuencias penales que podría acarrearle” indica.