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lunes, 13 de mayo de 2024 11:06h.

X Canarias en contra del anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que pretende el Ministro de Interior

El ministro de Interior Jorge Fernández Díaz pretende secuestrar a la ciudadanía con un anteproyecto de ley de seguridad ciudadana reformando la llamada - también  polémica- “ley Corcuera”  con un endurecimiento de la misma.

X Canarias en contra del anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que pretende el Ministro de Interior

El ministro de Interior Jorge Fernández Díaz pretende secuestrar a la ciudadanía con un anteproyecto de ley de seguridad ciudadana reformando la llamada - también  polémica- “ley Corcuera”  con un endurecimiento de la misma.

El señor ministro pone el punto de mira en la protesta ciudadana contra las políticas del gobierno del  PP. Lo que en la actual ley son faltas, serán delitos. Manifestarse sin autorización o realizar escraches pasaran a ser infracciones  leves, graves o muy graves con la correspondientes sanciones que establece el también reformado código penal de Gallardón, con lo que supondría la posible privación de libertad.

Desde X Canarias, denunciamos las intenciones del ministerio que pretende amordazar a los ciudadanos, silenciando las protestas y empujarnos al conformismo y la docilidad.

 El propio Consejo Europeo  ha llamado la atención al gobierno español sobre el excesivo uso de la violencia contra las manifestaciones ciudadanas por parte de las fuerzas de seguridad, y considera una violación de los derechos humanos las detenciones y los abusos de  la policía, a la que el propio gobierno alienta, protege y, en ocasiones indultan a los  que han sido condenados  por malos tratos y abusos contra los detenidos.

Si tenemos en cuenta que manifestarse es un derecho constitucional, este anteproyecto de ley, supone una violación del mismo, con el que se busca amedrentar a los españoles con amenazas de multas, otra forma sutil de dominarnos, pues debido a la precariedad laboral y el paro, no podemos permitirnos ser sancionados.

El estado pretende criminalizar a los ciudadanos por ejercer su derecho a manifestar su desacuerdo con asuntos que le conciernen.

 

 

8.028 millones de euros, ese es el presupuesto del ministerio del interior que supone un incremento del 1,3% y con el que el señor ministro pretende reprimir a los ciudadanos,

 

Consideramos que se trata de una ley autoritaria más propia de regímenes fascistas que de un estado democrático.