Los y las profesionales del trabajo social piden al Gobierno canario que no recorte los derechos de las personas en exclusión

Limitar la concesión de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) es un nuevo ataque a los más débiles

Los colegios profesionales de Trabajo Social de Canarias quieren mostrar su preocupación por las noticias que se están publicando sobre la reforma de la ley reguladora de la Prestación Canaria de Inserción. La Consejería de Políticas Sociales quiere limitar a un máximo de un año el cobro de la PCI. Según esa información, el Gobierno canario quiere eliminar la posibilidad de renovación de la ayuda de forma inmediata y con la reforma se pretende que deban transcurrir al menos doce meses desde el último mes en que se cobró la prestación.

Con esta medida lo que se quiere es que con la misma cantidad económica que desde hace años presupuesta el Gobierno de Canarias y que de forma crónica se gasta siempre antes de finalizarlo, aumente la cantidad de personas que acceden a esta prestación, un dato que puede venir muy bien en año preelectoral, pero deja en un segundo plano el objetivo real de esta prestación, que es ayudar a las personas a salir de las situaciones de exclusión en las que viven, y por ello la efectividad real de esta prestación. Si lo que se quiere es atender a más personas, la medida es aumentar la partida presupuestaria, no reducir los tiempos de la prestación.

Un Gobierno que presume de aprobar una Ley de Transparencia está tramitando esta ley sin informar ni contar con la opinión de los representantes de los profesionales de los trabajadores sociales. 

Existen organismos de debate para dialogar y consensuar las políticas sociales, y los colegios profesionales estamos dispuestos a participar en un debate constructivo sobre las reformas legales que hay que hacer ante la dramática situación que vive Canarias desde hace años como consecuencia de las políticas de austericidio que están aplicando tanto el Gobierno del Estado como la Administración autonómica con los recortes en los Servicios Sociales, la Educación y la Sanidad. Pero si el Gobierno quiere realizar las reformas en solitario, no nos queda otro remedio que denunciar esas prácticas ante la opinión pública.

Esa falta de información nos hace sospechar que lo que pretende el Gobierno es endurecer más las políticas para seguir recortando  los presupuestos sociales  en una de las comunidades autónomas donde más se ha recortado en los últimos años. Resulta paradójico que la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, proteste en una reunión en el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales por el tratamiento que se da a Canarias a nivel presupuestario, y porque el Estado prefiere imponer sus políticas sin dialogar con las comunidades autónomas, mientras en el Archipiélago se aplica la misma receta de recortar más los servicios sociales y no dialogar con los colegios profesionales de Trabajo Social y otras organizaciones sociales. Por eso, reiteramos que nos opondremos a nuevos recortes de derechos sociales y de los presupuestos públicos destinados a los Servicios Sociales.