Los empresarios canarios dan otra muestra de su cerrilidad, que explica la desastrosa situación económica en que se encuentra Canarias.

Rechazar una consulta popular es comprensible en una gente que se caracteriza por sus maneras despóticas. Pero lo que no se puede aceptar son las razones que esgrimen. Si los empresarios canarios tuvieran una mínima idea de las leyes y supieran entender lo que se supone que leen, sabrían que una hipotética actividad petrolera cerca de Canarias solamente supondría perjuicios, porque esa cercanía a las islas sería solamente física, pero no jurídica. En términos jurídicos y económicos, esa actividad petrolera sería para Canarias lo mismo que si se hace en el Cabo de Gata. Porque esas aguas, estimados bobilines, no son canarias.