En absoluto: prevaricar no implica cárcel - por Nicolás Guerra Aguiar

   Si un funcionario, un juez o una autoridad incurren en supuesto delito amparándose en su responsabilidad o cargo, la maquinaria judicial debe ponerse en marcha para investigar a fondo tales comportamientos y, si procede, iniciar contra el oresunto infractor los trámites que lo sienten en el banquillo. Porque quien así haya actuado no sólo lo ha hecho para obtener o conceder ilícitamente algún beneficio sino que se ha valido del puesto que ocupa, comportamiento ajeno a la finalidad administrativa, judicial o política que corresponda.

   Y por esta razón, por ejemplo, los señores Lorenzo-Penalva y García Lavierna (jueces de primera instancia) fueron condenados a penas de prisión como autores de un delito de cohecho (soborno). A ellos les siguieron varios magistrados: el señor Dívar fue invitado a su retirada (sospechoso de gastos excesivos del dinero público); el señor Estevill fue encarcelado (prevaricación, extorsión, ilegales encarcelamientos); al señor Garzón (escuchas ilegales, prevaricación) lo apartaron de la carrera judicial; también al señor Gómez de Liaño (prevaricación; indulto del expresidente Aznar; rehabilitado por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos); la misma condena cayó sobre el señor Ferrín Calamita (prevaricación por “desprecio a la orientación sexual de una pareja de lesbianas”), según leo en teinteresa.es. Y recuerdo que el señor Martín Martín, expresidente de la Audiencia de Las Palmas, fue condenado a suspensión durante dos años por favorecer a un narcotraficante. La sentencia del TSJC fue desestimada por el Tribunal Supremo.

   Razones que se me escapan (entran ya en la especificidad del complejo campo jurídico) tiene que haberlas para explicar por qué algunos jueces ingresaron en prisión y otros no. E, incluso, que los años de expulsión de la carrera no hayan sido los mismos. He de sospechar, pues, que todo depende de la envergadura de la pena, de su proyección, de las violaciones al ordenamiento. Pero en mi condición de ciudadano observador y pensante no llego a entender que en Las Palmas se condenara al magistrado señor Martín por “favorecer a un narcotraficante” y en Madrid, sin embargo, se le absolviera, y lo manifiesto por más que soy consciente de que “Errare humanum est”, ‘Equivocarse es cosa humana’.

   Siempre a la búsqueda de una razón, de un entendimiento racional, la máxima anterior quizás sirva para entender –con todos mis respetos- por qué a políticos prevaricadores condenados por sus delictivos comportamientos no solo no se les condena a prisión sino que, incluso, a veces las penas no tienen efecto práctico. Así, el señor Baltar, exPPresidente de la DiPPutación de Ourense durante veintidós años, fue condenado a nueve de retirada de la actividad política por un delito de prevaricación continuada. Sin embargo, el señor Baltar mantiene impasible el ademán: ya estaba jubilado de la cosa pública cuando le llegó la condena. Pero antes había colocado a su hijo en las presidencias del PPartido en Ourense y de la DiPPutación orensana, la misma desde la que él prevaricó. Por tanto, ¿qué contundente frase muy conocida usaría usted, estimado lector, para referirse al impacto que la condena produjo en el señor Baltar, padre?

   Aquí al ladito, otro caso. El señor Zerolo, exalcalde santacrucero y exparlamentario canario, fue elevado a la categoría de cuasi inmortal prohombre –la que otorga el acta de senador- por decisión de CC, PP y PSOE (doña PPepa se benefició a cambio). Hoy es un mortal condenado por la Justicia a ocho años de inhabilitación (prevaricación administrativa). Además, le quedan dos causas pendientes: una, supuesta malversación multimillonaria cometida en la compra de terrenos por parte del Ayuntamiento en la playa de Las Teresitas de la capital tinerfeña; y dos, supuesto cobro de sobornos por una recalificación urbanística.

    Y debe recordarse que el señor Zerolo ya era investigado a causa de las tres aparentes irregularidades arriba apuntadas cuando PP, PSOE de Canarias (el señor Pérez es su secretario regional y ya ejercía como vicepresidente del Gobierno canario) y CC se pusieron de acuerdo para que fuera catapultado al Senado en una maniobra confusa, al menos así me lo pareció, en apariencia de salvaguarda y escudo protector al exalcalde santacrucero. Porque en puridad democrática, en esencia de Estado de derecho, en rigor ético, los tres partidos debieron negarle al señor Zerolo su acceso al Senado ante sospechas de muy graves irregularidades con la cosa pública. No sé si el nuevo secretario general del PSOE sabía de tales aparentes contubernios entre CC, PP y los psocialistas canarios cuando decidió llevarse al señor Pérez a la nueva Ejecutiva “para volver a cambiar a España una vez más”.  Pero es cierto que por esta y otras razones los psocialistas canarios están fragmentados, y muchos de ellos tienen más fervor por la nominilla oficial que por el socialismo.

   El señor Zerolo, pues, dejará de ser senador en septiembre. Pero todo terminará ahí después de veintitantos años en la política. Sin embargo, tras la huelga general de 2012 la fiscalía pidió siete años de cárcel en Cataluña para tres hombres por interrumpir la circulación, dañar al mobiliario urbano y llevar a cabo desórdenes públicos (formaban parte de un piquete informativo). Y porque estoy convencido de que tales comportamientos de los huelguistas no fueron tan graves como para que la fiscalía solicite siete años de cárcel, afirmo que es absolutamente desproporcionada la petición. ¿Qué debe solicitar, entonces, para quienes roban millones a la cosa pública o se benefician ilícitamente del poder que el pueblo depositó en ellos?