Crímenes del Estado... inglés - por Nicolás Guerra Aguiar *

Cuarenta y tres años después de lo que en su momento se denominó Domingo Sangriento, un exsoldado del Ejército británico ha sido detenido por la policía irlandesa. Se le acusa de haber actuado con mortífera violencia frente a una manifestación pacífica que, en ningún momento, significó peligro alguno para componentes del Regimiento de Paracaidistas que le hacían el seguimiento.

Catorce personas murieron en Derry (Irlanda del Norte) bajo las balas de aquel grupo de militares cuyo primer detenido no estará solo en las celdas policiales pues, dicen los investigadores, se procederá al arresto de otros veinte. Sus mortíferos disparos dieron lugar, claro, a reacciones de familiares, amigos, el IRA… que llegaron a crear auténticos estados de guerra. De hecho, significó también que muchos neutrales ciudadanos irlandeses tomaran partido por las acciones guerrilleras y se acercaran al IRA: la neutralidad dejó de imperar y se impuso el radicalismo contra los ingleses.

 La investigación fue abierta cuarenta años después, acaso a la espera de que pudiera ser realizada sin apasionamientos o partidismos. Y le fue encomendada a un juez, autoridad en la que creyó el laborista primer ministro Tony Blair. El magistrado, a su vez, dirigió la Unidad Policial de Crímenes Graves. El actual Gobierno conservador del señor Cameron ordenó en 2013 que se reabriera el caso. Lo cual confirma, al menos en apariencia, que no se busca dar carpetazo al asunto sino, muy al contrario, caminar con pies de plomo y absoluta seguridad. Porque a veces –y más veces- cogen a cualquier soldado que pasaba por allí y le cargan todos los muertos para terminar con investigaciones que pueden «herir susceptibilidades» de alguna institución como, en este caso, el Ejército inglés.

Sin embargo –y en Gran Bretaña gobiernan los conservadores- no ha sido así. Aunque pueden ponerse reparos al procedimiento tal como se lleva -¿qué oficial dio la orden?; ¿qué políticos ordenaron la ocupación y la mano dura?-, lo cierto es que el señor Cameron reconoció en público que algunos miembros del Ejército se sobrepasaron. Y como el Gobierno es el último responsable de las Fuerzas Armadas, afirma, a él como Gobierno le afecta el caso directamente. Pero va más allá: las pesquisas sobre «incidentes» se amplían desde los años sesenta hasta 2004 (recomiendo la película En el nombre del padre).

Por tanto, su compromiso es investigar todos los crímenes de Estado que Ejército, Policía y delegados ingleses cometieron contra el pueblo irlandés durante la ocupación militar. (¿Imagina usted al señor Rajoy, estimado lector, dando las pertinentes órdenes para la serena y rigurosa investigación del fusilamiento -27 de septiembre de 1975- de cinco jóvenes acusados de pertenencia a banda armada y cuyo juicio, según el investigador Carlos Fonseca, fue un simulacro de justicia? Tras el estudio de los procedimientos demuestra que fueron torturados, hubo manipulación de pruebas y se les privó de su derecho a un juicio justo: «Lo suyo fue un asesinato legal sin paliativos». O, acaso, sobre el Consejo de Guerra de Burgos -1970- en el que también condenaron a muerte, pero las reacciones dentro del país y en Europa lograron la conmutación de las penas.)     

Adelanto dos casos, pero hubo crímenes de Estado contra millones de españoles que reclamaban y exigían libertad, democracia, justicia social, porque el Gobierno español imponía un régimen de persecuciones, miedos, infiltraciones, cárceles, palizas, campos de concentración, accidentes mortales, desapariciones, fusilamientos, exilios… Y, a la vez, represaliados otras tantas miles en cuanto que instituciones como el Tribunal de Orden Público o los ministerios del Ejército, de la Marina y de Aviación andaban prestos para montar en horas veinticuatro tarimas y mesas protegidas con metralletas más que para juzgar, para condenar a sospechosos de atentados contra las sacrosantas instituciones del Estado, de su Estado.

El Consejo de Guerra de Burgos no fue más que uno de los miles que tradujeron la demostración de poder frente a los ciudadanos civiles. Y me viene a la memoria –«como si fuera ayer», y no es frase hecha- el atentado a la razón, a la ecuanimidad y al elemental principio de la justicia la condena que un tribunal militar le impuso a un menor de edad, Salvador Sagaseta, a la sazón condiscípulo en el entonces INB Pérez Galdós. La acusación, contundente y muy grave: «Injurias a las Fuerzas Armadas de España». Había reproducido en su página de Diario de Las Palmas un poema de Pedro Lezcano –premiado por el Gabinete Literario-, Consejo de paz. Absuelto en 1966, el capitán general de Canarias ordena la celebración (1967) de otro consejo de guerra con la misma acusación. Atada y bien atada, la condena a prisión duplica la solicitada por la fiscalía militar, «una monstruosidad jurídica» para su defensor, don Lorenzo Olarte Cullen.

Y llegó la Transición democrática. Y los demócratas que la pergeñaron hicieron sombras y oscuridades, silencios y olvidos frente a todo lo que había pasado. Ni uno solo de aquellos militares que condenaban injustamente; ni los jueces que encerraban desde el Orden Público; ni quienes disparaban a manifestantes; ni los usuarios del Peugeot 403 negro; ni los civiles que desde el poder dictaban las órdenes o asesinaban en interrogatorios… ni uno solo, insisto, fue ni tan siquiera llamado a declarar.

 Pero es que, además, a los Salvador Sagaseta y a tantos miles (incluidos familiares) no se les ha consolado con investigaciones oficiales, como las ordenadas por los señores Blair y Cameron sobre Irlanda. O la condena en 2012 al último ministro de la Polonia comunista, el general Kiszczak, responsable directo del asesinato de nueve mineros acribillados por la policía en 1981. En Canarias, por ejemplo –estudio de mi excompañero de aula universitaria, Ramiro Rivas García-, quedan cuestiones pendientes: fueron asesinadas más de 3 000 personas; 5 000 paisanos pasaron por cárceles y campos de concentración; fusilaron a 60 ciudadanos de Las Palmas de GC; 18 galdenses fueron arrojados a pozos… Hace ya setenta años.

* En La casa de mi tía por gentileza de Nicolás Guerra Aguiar