El Gobierno y el Parlamento de Canarias muestran su cara antidemocrática - por Mary C. Bolaños Espinosa (*)

El PSOE, CC y PP cortan las alas a la ILP de Educación.

Esta semana, a través de la prensa, nos hemos enterado de que la Mesa del Parlamento, con fecha 30 de agosto,  acuerda declarar procedente la no conformidad del Gobierno a la tramitación de la ILP 7L/PPLP-0029 - Canaria de Educación, por implicar aumento de créditos presupuestarios, y, en consecuencia, da por concluida la tramitación de la proposición de ley de referencia. Y acuerda dar traslado de esta decisión al Gobierno y a los grupos parlamentarios, y su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.  Parece que ni una mísera comunicación de que esta Iniciativa no se va a tramitar, se merece la Comisión Promotora de la misma, ni las organizaciones que la impulsaron, ni, mucho más grave, los 40.000 ciudadanos y ciudadanas que la apoyaroncon su firma(de las que fueron presentadas 36.239).

La ILP de Educación es UNA INICIATIVA CIUDADANA, que propone colocar a LA EDUCACIÓN COMO PRIORIDAD innegociable de las políticas públicas en Canarias y apuesta por EL ÉXITO ESCOLAR DE TODO EL ALUMNADO.

La ILP de Educación propone una Ley Canaria de Educación, lo que requiere mirar y planificar la educación canaria en UNA PERSPECTIVA A MEDIO Y LARGO PLAZO, en la que se contemple una  INVERSIÓN gradual, que  tome como horizonte que Canarias llegue al 7% del PIB en inversión en educación.

La ILP de Educación CUMPLIÓ TODAS LOS REQUISITOS para su tramitación, fue admitida por la Mesa del Parlamento, en tres meses se recogieron 40.000 firmas (muchas más de las necesarias) y la Junta de control admitió como válidas más del doble de las necesarias.

Por ello, en estos momentos, sólo cabe denunciar el absoluto desprecio que ha mostrado la Mesa del Parlamento Canario (considerando el informe del gobierno de Canarias, cuya Vicepresidencia y Consejería de Educación preside José Miguel Pérez, secretario general del PSOE)  hacia las comunidades educativas, hacia la ciudadanía de Canarias, bloqueando una iniciativa que queda claro no es de su agrado; denunciar el comportamiento de los representantes políticos que, una vez más, han dejado manifiesta la desconexión entre las necesidades de las personas y las decisiones políticas.

La ILP es uno de los pocos mecanismos de participación ciudadana que existen. Un mecanismo que, recordemos, simplemente permite recoger firmas para que una propuesta de la sociedad civil sea debatida en el Parlamento de Canarias y, que si llega, suele ser rechazada por las fuerzas parlamentarias.

A pesar de estas limitaciones, pretendíamos potenciar el debate social sobre la educación y tener la oportunidad de hacer llegar a sus señorías, durante quince escasos minutos, las preocupaciones y alternativas de muchas comunidades educativas, pretendíamos durante quince minutos dar voz a las 40.000 firmas, 40.000 canarios y canarias que, una vez más, conseguían llegar al Parlamento a reclamar su atención.

Pero no ha podido ser así. Cinco parlamentarios y parlamentarias del PSOE, CC y PP han decidido que esas voces no se oigan, parlamentarios y parlamentarias que ocupan escaños sustentados en muchos menos votos de los recogidos por esta Iniciativa. Porque yo me pregunto, ¿es que 40.000 personas que solicitan que esta Iniciativa se debata no exige que, una vez cumplidos los trámites correspondientes, se les escuche en el Parlamento?. Es evidente que sus señorías entienden la democracia como el hecho formal del voto cada cuatro años, voto que les permita hacer lo que les venga en gana.

No pretendo dar a estos señores y señoras ninguna lección de democracia, pero no me resisto a pedirles que tengan un mínimo de decoro político y no tiren 40.000 firmas a la basura.  Se atreven a plantear que esta propuesta no se debatirá en el Parlamento utilizando un argumento tan cobarde como la falta de recursos presupuestarios. ¿Es que no les parecía bastante rechazarla o enmendarla hasta hacerla irreconocible en el Pleno?.

Esta determinación es muy grave, pues evidencia el verdadero talante de la Consejería de Educación y del gobierno canario. El Consejero de Educación se pasa el día en los medios de comunicación hablando de apoyo a la escuela pública, de participación y democracia, pero cuando llega el momento de demostrarlo deja en la estacada a docentes, familias, ciudadanos y ciudadanas que se esforzaron en la elaboración y presentación de un conjunto de medidas que podrían contribuir a la mejora de nuestra educación pública canaria y malogra el debate que se podría producir en torno a la misma.

Si la razón es la falta de recursos presupuestarios, habría que preguntarse si ha sido más plausible mantener  durante cuatro meses una Comisión de estudio de Educación con diez parlamentarios y parlamentarias, para concluir en la necesidad de elaborar un Pacto por la Educación, propuesta planteada por don José Miguel Pérez, desde que tomó posesión. Se me ocurre pensar cuánto nos habrá costado el trabajo de esa Comisión, porque he de reconocerlo, nunca he entendido por qué se cobra un plus por realizar el trabajo que les corresponde. Y eso sí que no resulta adecuado en el actual contexto económico, sobre todo si lo pagamos todos los canarios y canarias.

Muchas veces nos han dicho que somos los de no. En este caso ha quedado evidente que son ustedes los del NO a la participación y a la democracia. Ante una propuesta fundamentada, consensuada, apoyada por la ciudadanía… ustedes dicen NO.

Dice el señor Consejero estar a favor de una educación pública. Pero, ¿a qué educación pública se refiere usted? Me gustaría saber qué sintió usted el día que en el Consejo de Gobierno aprobó el informe que avala la no tramitación de esta Ley?, ¿no consideró usted que las 40.000 firmas que la apoyaban se merecían, al menos, una explicación a este rechazo?, ¿no pensó usted en el respeto que les merece estos 40.000 ciudadanos y ciudadanas, a los que dentro de unos años volverá a dirigirse para pedirles su apoyo para poder seguir estando en el gobierno, y a los que no se cómo podrá explicarles que ahora no le importa lo que piensen, pero dentro de tres años, si les resultará fundamental?

Pero todo tiene una explicación. Ustedes tienen su hoja de ruta marcada, la firma de un “Pacto Educativo”, consensuado por todas las fuerzas políticas, para marcar las políticas en este ámbito en la próxima década, y que sea barato, muy barato (vamos, sospecho que sin financiación). Mucho me temo que, se llegue o no al final deseado, el “interés general” de la ciudadanía va a sufrir un nuevo varapalo. Sería de ingenuos pensar que un Pacto por la Educación, que busca explícitamente el consenso con la derecha más reaccionaria, y que parece ser no va a contemplar aumento de presupuesto (razón por la que dicen no permitir el debate de la ILP) pretenda, de veras, un avance significativo de la Escuela Pública Canaria y del derecho de todas y todos a una educación de calidad.

Lo que nuestro sistema educativo canario necesita es la valentía de un gobierno para cambiar la política educativa seguida hasta el presente y reorientarla a favor de la mayoría social. Las Administraciones educativas ejercen un papel muy importante en relación con el logro del éxito escolar, en cuanto a los recursos que dedican, la legislación que aprueban o las líneas de trabajo y criterios que ponen en marcha para buscar la atención educativa del alumnado. La eficacia en sus logros dependerá de lo acertado de las medidas planteadas, de la inversión económica que se destine a las mismas, de cómo se llevan a la práctica y del contraste con los resultados, no de un aval formal  de “consenso”.

En esta ocasión han demostrado una evidente falta de responsabilidad política. Nosotros no renunciaremos a nuestra responsabilidad de avanzar en fortalecer la conciencia de la ciudadanía para que se asuma que la escuela pública, la que acoge a todas y todos, la que incluye la diversidad social y cultural del alumnado y genera las mejores condiciones para el desarrollo de la calidad y equidad educativa, está en grave peligro. No podemos ni queremosser cómplices de más recortes, tamizados de buenas  intenciones,  no podemos entretenernos en firmas y fotos para la galería.

Es época de movilización de las comunidades educativas y de toda la ciudadanía para defender, en cada centro educativo, en cada municipio y en todas nuestras islas, nuestro principal patrimonio y garantía de futuro, nuestro servicio público de educación y su adecuada financiación.  La unidad y consenso de las comunidades educativas canarias está concretada en la Iniciativa Legislativa Popular Por una Ley Canaria de  Educación. En ella teníamos una excelente oportunidad de Acuerdo social y Político  para fortalecer un sistema educativo de éxito en Canarias. Y ustedes, desde el gobierno y el Parlamento, lo han impedido.

(*): Miembro de Iniciativa en defensa de la Enseñanza Pública Canaria (IDEPC)

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