Éticas y estéticas incompatibilidades - por Nicolás Guerra Aguiar

Éticas y estéticas incompatibilidades - por Nicolás Guerra Aguiar * Que los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas sean nombrados por el partido en el poder parece –sin entrar en profundidades- algo normal: a fin de cuentas son cargos de confianza con muy limitadas competencias. ¿Pero es compatible con la ética política que un destacado militante afín al partido en el Gobierno asuma la dirección del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) encargado, por ejemplo, de los barómetros de opinión en torno a la estimación de voto? (Se trata de un organismo autónomo dependiente del Ministerio de la Presidencia.) José Felix Tezanos, director del CIS, exmiembro de la Ejecutiva PSOE Me parece indiscutible que la protección nacional ante supuestos ataques del exterior esté centralizada en el Ministerio de Defensa cuya responsabilidad ostenta el ministro quien, a su vez, es miembro del Gobierno. Por tal razón las jefaturas del mando militar recaen en las personas designadas directamente por aquel: en su constitucional derecho nombra a generales o almirantes, cuyas cualificaciones nadie pone en duda. Sin embargo los gobiernos, formados por partidos políticos con legítimos intereses personales como instituciones privadas que son, vienen manejando desde su nacimiento (¿1977?) toda la información obtenida por el CIS. Parte de la misma (“sobre el estado de la opinión pública española del momento”, por ejemplo) se publica mensualmente, acaso en forma de resumen. Nadie discute el rigor profesional de quienes intervienen directa e indirectamente en las entrevistas (en torno a las 2800 personas elegidas al azar), el posterior manejo de los datos y la información publicada. Pero al tratarse de un organismo público cuyos resultados son muy importantes para miles de españoles, ¿no deben imponerse los más rigurosos controles sobre la absoluta apolitización partidista de quien lo dirige? A fin de cuentas, la pertenencia a un partido puede imprimir carácter, como la confirmación católica. Los cambios que se producen en las jefaturas superiores de Policía a poco de la constitución de un nuevo Gobierno son también normales. El Ministerio estructura su política policial (seguridad ciudadana con todas sus variantes) y nombra o potencia a los mandos superiores: la coordinación es absolutamente imprescindible. Aunque, en este caso, las instituciones policiales regionales gozan de cierta independencia, a fin de cuentas sus territorios están perfectamente delimitados. Por tanto, en una primera aproximación podría parecer no disparatado que -ya se vería cómo- los componentes del Cuerpo participaran en la democrática elección de su inmediata máxima autoridad, lo cual reduciría posibles intromisiones del Gobierno -de los gobiernos-, acaso interesados en la defensa de hipotéticos intereses ajenos a lo rigurosamente policial. Pero en los tres casos (delegados del Gobierno; autoridades militares y jefes superiores de Policía), quienes ejercen la más alta representación regional dependen de Madrid. Y depender significa exactamente eso, ‘Estar sujetos a condiciones, limitaciones o restricciones que imponen otro hecho u otra acción”. Y en el contexto actual quienes “imponen” son los altos cargos de los correspondientes ministerios, es decir, personas con carné de partido político o, como poco, claramente simpatizantes. El planteamiento anterior, por supuesto, ni menoscaba el rigor profesional de los nombrados ni obvia las cualidades técnicas de quienes ejercen las responsabilidades inherentes a las representaciones gubernamentales. Pero en la imperfecta condición humana tendemos a seleccionar a nuestros más próximos colaboradores de un listado en el cual, acaso, falte alguien muy competente. Y añadimos, además, una selección natural marcada por afinidades personales y fidelidades: el presidente del Gobierno nombra como ministro a una persona de su máxima confianza. De ahí abajo la cadena impone la misma condición, a veces con interferencias políticas. Así, las perspectivas sobre estimación de voto han variado en pocos meses, exactamente los que el PSOE lleva como Gobierno. Veamos dos ejemplos. Uno: según EL PAÍS, “el PSOE no acaba de remontar […] No solo no despega, sino que vuelve a bajar” (se basa en el barómetro de abril). Sin embargo, el mismo diario (3 de agosto) llama la atención con un titular impactante: “El ‘efecto Sánchez’ dispara al PSOE en el sondeo del CIS”. En efecto: se convierte en la primera fuerza política y marca distancias frente a sus competidores. Partido Popular (perdería cuatro puntos) y Ciudadanos se colocarían exactamente a la par. La caída de Podemos (también cuatro puntos) lo desplazaría al cuarto lugar. Lo cual no es óbice para una conclusión (según los datos del CIS): PSOE y Unidos Podemos juntos sumarían 6,2 puntos más que la alianza PP - Ciudadanos. Éxito garantizado, pues, si las elecciones se celebraran ahora mismo. ¿Es creíble el salto cuantitativo y cualitativo del PSOE tras el voto de censura al señor Rajoy (junio) y el legítimo acceso del señor Sánchez a la presidencia del Gobierno? No localizo fehaciente, contrastada y rigurosa información para negarlo. Es más: ni tan siquiera puedo ponerlo en duda. La cualificación profesional y el honor personal de quienes manejan los resultados obtenidos por el CIS y la correspondiente publicación estarán para mí absolutamente fuera de recelos o reparos mientras no se demuestre lo contrario. Porque sospechar que el nuevo sistema de estimación de voto impuesto en el CIS “beneficia al PSOE y ha levantado a los sociólogos” (El Confidencial) es solo eso: muy respetable opinión. Pero necesito pruebas, razones. Expuesto lo anterior, tengo sin embargo una objeción: se refiere, tal como apunto desde el comienzo, a la imprudencia en el nombramiento del señor Tezanos Tortajada (histórico socialista y catedrático de Sociología) como presidente del CIS. Y no por su ideología socialista, válgame Dios, sino como miembro hasta hace tres meses de la Ejecutiva Federal del PSOE en la función de secretario de Estudios y Programas, puesto que desempeñaba desde 2017. Hay determinados órganos de poder que precisamente por serlo deben ser tratados con especiales prudencias. Uno de ellos, como digo, es el CIS, cuya organización sobre temas de interés nacional no puede estar en manos exclusivas de un Gobierno. Ya no solo es cuestión de ética política: se trata también de su propia dignificación como institución del Estado. No puede haber la mínima duda sobre su imparcialidad. * La casa de mi tía agradece la gentileza de Nicolás Guerra Aguiar

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26 de abril de 2024

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