Inquietante deriva de la convivencia en España - por Erasmo Quintana *

Yo no sé a ustedes, mis amigos, pero lo que es a mí, cada día que pasa me preocupa más la deriva que va tomando todo lo que tiene que ver con la convivencia entre todos y la cosa pública. Parece que vamos camino a la peligrosa involución, pues de vez en vez los jueces, digo bien, la Judicatura, lo hace con mayor descaro.

Sin duda “se ha tirado al monte.” Exculpa a Cifuentes (PP), un ejemplo de honradez (las cámaras de un supermercado captaron lo que había robado); también a Monasterio (VOX), la que se había “aprobado” ella misma sus proyectos como si perteneciera al Colegio de Aparejadores de Madrid, valiéndose de un sello ilegal, y en cambio condena a Isa Serra (UP) por, según esa misma justicia, darle ella en cierta manifestación una tollina a un bien armado antidisturbios.

Y lo más grave: un órgano (TC) en funciones más de dos años y por ello, inconstitucional, declara inconstitucional el primer estado de alarma de marzo de 2020. ¿Qué hubiera pasado si el Gobierno decreta el estado de excepción, que para estos jueces era lo adecuado, todavía más restrictivo de las libertades? En uno de sus apartados se dice que “Se podrá suspender todo tipo de publicaciones, emisiones de radio y Televisión. Además de cancelar cualquier reunión de personas no autorizadas.” Mientras, en los estados de alarma solo “Se restringe la circulación de los ciudadanos, durante un período establecido.” Apuesto doble contra sencillo a que si se hubiera aprobado el estado de excepción, todavía tuviéramos armada la carajera. 

En presencia de estos hechos, me rondaba en el caletre la sospecha de que el empecinamiento de los jueces del PP de mantenerse en los sillones del CGPJ -al que se suma el TC- una vez caducado el mandato constitucional, se debe a un pulso con el presidente del Gobierno de la nación para ver quién es más macho. El fenómeno se debe a que el PP (necesario para la tarea de renovación de los jueces) tiene que participar obligatoriamente. Si se abstiene de hacerlo -cosa en la que está- es imposible cumplir con lo que mandata la Constitución. Al no interesarle ahora, perdida aquella mayoría en el Parlamento, debido al bajón de diputados actual, el sistema ya no le vale, ni lo que dice la Carta Magna. Con la actual mayoría de jueces que les pertenecen es indudable que éstos acatan la consigna de quedarse donde están sine díe, y todo lo que viene del PP, que los puso allí.

Bruselas urge de nuevo a España la renovación del CGPJ, TC, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y demás instituciones con mandato limitado, que son nombrados por las Cortes, al apreciar la persistencia del bloqueo en estos órganos desde 2018. Tres años nada menos frenando el Estado de derecho consustancial a cada país que se precie de democrático. Ve aquella capital europea a la justicia española “vulnerable a la politización”, al tiempo que sugiere una elección de los jueces basada en los “estándares europeos”, para que al menos la mitad de sus miembros sean elegidos por los propios jueces. En este punto sería de desear que “esos jueces” nombrados por ellos, lo fueran en realidad por sus talantes lo más alejados posible del fanatismo ideológico; apolíticos, amantes de la justicia y profesionales de cumplir y hacer cumplir la Ley. Si no es así, no me vale. El problema que tenemos hoy con los jueces es que están muy politizados, cosa que debo respetar, pero que dejen la Judicatura y se afilien al partido de sus preferencias. La Ley debe ser aplicada por personas íntegras, enamoradas del Derecho y que respondan a la rectitud y bonhomía humanas.

Otro tema que hace a este país extraño y diferente es la permisividad tan exagerada en acciones políticas poco acordes con un sistema que se dice democrático. Mientras en Alemania está prohibido el enaltecimiento del nazismo y en Italia el fascismo, incluso con penas de cárcel, aquí se consiente el blanqueo del dictador y genocida, Franco, por parte de los neonazifascistas VOX y, por extensión, el Partido Popular. Naturalizar la dictadura militar en un sistema democrático es comportamiento que denigra la convivencia ciudadana. El exministro de UCD, Camuñas, ha afirmado que del golpe de Estado militar contra el pueblo fue culpable el Gobierno de la II República. Esto es lo que siempre han pensado las derechas de nuestro país, pero ahora se han quitado la careta y ya no se cortan. Un expolítico al que se le supone una cultura, no dice que nada más proclamada la República, desde ese día, la derecha perdedora comenzó un ataque infernal con todos los medios a su alcance, para derribarla.  

Yo, que me he desgañitado en más de una ocasión poniendo de relieve a mis amigos lectores que Franco no murió, que continúa vivo, con su permiso, hago mías las palabras que hace poco pronunció el magistrado Joaquim Bosch: “Si el franquismo fuera cosa del pasado no habría tanta resistencia en quitar sus símbolos.”

*  La casa de mi tía agradece la gentileza de Erasmo Quintana