Insumisión frente a la LOMCE - por Manuel Marrero Morales

Hoy, jueves, se aprobará la ley en el Congreso de los Diputados, con el presumible apoyo del PP, UPN, UPyD y Foro Asturias, es decir, de toda la derecha nacionalista española. Luego irá al Senado y, cual regalo navideño para la jerarquía eclesiástica, la preparan para aprobarla definitivamente en diciembre y comenzar a implantarla el próximo curso 2014-15, si antes no lo remediamos. El resto de partidos dicen que adquieren el compromiso de derogarla.

Dos huelgas y otra anunciada para el próximo día 24, junto con el rechazo unánime de los sectores de la comunidad educativa, ha sido la respuesta ciudadana a la séptima ley educativa de la democracia.

Ésta, junto con la del aborto, sí que es una reforma ideológica en estado puro. Las demás reformas las justificaba el PP desde la excusa de la crisis y las medidas que se han visto "obligados" a adoptar (reforma laboral, financiera, sanitaria, fiscal, de las pensiones, de las administraciones públicas, de los municipios,...).

La LOMCE se implantará sin una ficha financiera suficiente, y más aún, precedida de un recorte educativo sostenido que desde 2010 ha significado 6.400 millones de euros menos destinados a este servicio público fundamental.

Del argumentario inicial utilizado por el PP para justificar la necesidad de dicha ley se ha pasado a los hechos.  La mayoría absoluta que le dieron las urnas, en esta democracia enferma y nada participativa, permite al PP legislar sin consenso e incluso en contra de las recomendaciones del Consejo de Estado, órgano en el que sólo cree cuando le es totalmente favorable.

La ideología dominante quiere ir cerrando el círculo de sus reformas, hechas en contra de los intereses de la clase trabajadora, deteriorando el sistema público educativo para justificar su creciente privatización.

La deuda del PP con la Iglesia Católica,  en coherencia con el apoyo mutuo que se deben, implica el favorecimiento de esta confesión religiosa dentro del sistema educativo, aumentando la presencia e importancia del adoctrinamiento religioso en los centros educativos, así como el crecimiento ilimitado de la concertación, de la entrega de dinero público para el negocio privado de la educación.

Dicen el PP y su ínclito ministro Wert que quieren mejorar los resultados y seguramente esperan algún milagro; pues, difícilmente van a conseguirlo aumentando ratios, empeorando el trabajo docente, eliminando servicios a los centros de enseñanza públicos, haciendo desaparecer la vida democrática y sustituyéndola por la jerarquización y la preponderancia de la dirección unipersonal frente a los órganos colegiados y de participación, recentralizando el sistema educativo para "cristianizar y españolizar" al alumnado, o incrementando el número de filtros a manera de pruebas y reválidas. Esta última medida nos retrotrae a tiempos anteriores a la Ley General de Educación de agosto de 1970, que, con buen y argumentado criterio, las eliminó.

Es tal el retroceso en equidad que plantea esta Ley, que la propia LOCE del Gobierno Aznar, con Pilar del Castillo, nunca se atrevió a tanto.

Durante este curso, y siguiendo el ejemplo de las comunidades educativas de Baleares, es el momento para seguir impulsando el debate en todos los centros educativos públicos sobre ¿qué hacer frente a la LOMCE? Y ahí es donde tendremos que exigirles a los respectivos gobiernos autónomos que se planten, que se declaren insumisos, que la recurran, en definitiva, que no la cumplan. Pero, como la desconfianza en nuestros respectivos gobiernos autónomos, es manifiesta, será la ciudadanía quien tome la iniciativa y desborde la aplicación de la LOMCE, incumpliéndola y no aplicándola. Valga como ejemplo la necesaria apuesta por el funcionamiento democrático en los centros educativos, con órganos colegiados participativos y de carácter decisorio, frente a la pretendida imposición de direcciones de omnímodo poder.  

Por tanto, frente a la LOMCE, insumisión.