La Justicia, ¿acaso manipulada? - por Nicolás Guerra Aguiar *                                                                                          

El señor Torres-Dulce, fiscal general del Estado, acaba de dimitir apenas tres años después de su nombramiento por el Gobierno del PP. Y lo hizo, apunta, “por motivos personales”. Pero el cese de cualquier altísimo cargo por tal imprecisa causa da siempre que pensar sobre todo cuando, como poco, no se apuntan o insinúan las auténticas razones. Con lo cual, obviamente, son posibles sospechas, alguna elucubración.

Puede tratarse, por ejemplo, de motivaciones fundamentadas en su vida privada o familiar. Pero en tales casos casi siempre asoma un subtítulo (enfermedad, cansancio, dedicación a los suyos…,aunque nunca posible incompetencia). Por tanto, en ese escueto “por motivos personales” caben mil una suposiciones, entre las que puede considerarse la negativa a seguir las pautas que ante ciertos delicados casos –hipótesis- intentaría marcarle el Gobierno. Y un Gobierno del signo que sea, ya se sabe,puede tener compromisos, intereses como partido e, incluso, cabecillas con graves sospechas de supuestas irregularidadesa quienes les interesa que la fiscalía vaya al golpito, que no aturulle o digitalice.

   Pero la dimisión del señor Torres-Dulce coincide casi al segundo con el profundo malestar contra el ministro del Interior expresado por trece de los dieciocho magistrados que integran la Sala de los Penal del Tribunal Supremo. El señor Fernández, tras la excarcelación de varios miembros de ETA por parte de magistrados del alto Tribunal (habían aplicado una norma impuesta en 2008 por el Consejo de Europa), llegó a considerar su puesta en libertad como “lamentable”, “falta de confianza en las instituciones” y “posible prevaricación” (‘dictar sentencia a sabiendas de su irregularidad’). Ante tal injerencia del ministro en la cosa judicial –la separación de poderes no es santo de su devoción, parece- reclaman que se inste al presidente del Tribunal Supremo para que traslade al señor Rajoy su rechazoantetales comentarios. Pero hay más: disgusto y pesadumbre se extienden también contra la señora vicepresidenta del Gobierno y el señor ministro de Justicia por la misma causa, las críticas a la puesta en libertad de los etarras.

   Lo más seguro es que la coincidencia cronológica de la queja de sus señorías y la dimisión del señor fiscal general del Estado sean solo eso, casualidad, acaso, azar. Pero a pesar de tal, ambas responden a una extraña situación que afecta directamente a aquello que la Constitución española reconoce en su articulado: de una parte, la independencia del poder judicial; de otra, que la fiscalía tiene por misión “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público…”.

   En el primer caso, ante una aparente injusticia dictada por alguna señoría el ciudadano tiene derecho a manifestar -sin temor a represalias-su opinión negativa, más si es el afectado. Pero tampoco consiste en acusar veladamente de “posible prevaricación” a unos jueces por su dictado o resolución por muy ministro del Interior que sea el señor Fernández. Si así lo sospecha o considera, tiene la obligación de encauzar legalmente su duda ante las instancias correspondientes, toda vez que el ciudadano de a pie puede recibir tal mensaje con gran preocupación, pues no solo habla de “posible” resolución injusta sino que deja caer la hipotética “falta de confianza en las instituciones”. Y ante la muy laxa reacción de sus señorías, en apariencia sin efectividad alguna, caben varias preguntas: ¿son acaso lícitos, de justicia y razón, los comentarios públicos del señor ministro? ¿O, por el contrario, su condición de tal le permite hacerlos por más que veladamente tengan la carga impactante y desestabilizadora que llevan en sí? ¿Y si los hubiera hecho un ciudadano de a pie?

   En el segundo caso -la dimisión de un fiscal general- en cualquier país democrático se hubieran exigido explicaciones racionales por la propia integridad de la institución estatal. Su cese, deduzco, no se debió a causas familiares, de incompetencia profesional, cansancio o enfermedadtoda vez que seguirá en la fiscalía del Tribunal Constitucional. Por tanto, las “razones personales” pueden llevarnos a concluir que son desajustes con el Gobierno, bien porque este no atiende las elementales necesidades materiales de las fiscalías, bien por su oposición a ciertas reformas legales (Código Procesal Penal). Aunque con aquella secuencia lingüística (“Los tiempos políticos no son los tiempos de la fiscalía”)taxativa, definidora, aclaratoria y radicalmente profesional ante la torpe prepotencia de la secretaria general del PP en Cataluña que anunció urbi et orbi el encauzamiento del honorable Mas, el señor exfiscal generaldejó entreveruna razón de peso: no siguió los deseos del Gobierno. Muy al contrario, impuso su criterio, aunque podría sospecharse que no actuó con tal contundencia en el caso de la señora Borbón Grecia.

   La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial es taxativa: hay coerciones políticas ("Rechazamos de manera rotunda las presiones ejercidas por el Gobierno de la Nación y por gran parte de la actual clase política española sobre la Administración de Justicia"). Y como el titular de la fiscalía general del Estado –también en este caso- no es elegido por los profesionales que forman el cuerpo de fiscales, sino por el Gobierno, insisto en lo que apunto al comienzo: trátese del que se trate, y mientras el cargo sea digital, la condición humana de los políticos puede llevarlos a creer que favor con favor se paga, aunque luego sucedan estas cosas.

   El Gobierno, obviamente, rechaza tales sospechas que están en la calle y apuntan muchos medios de comunicación (sobre todo los de tendencias populistas, masónicas, comunistas – castristas, podemistas, chavistas, aunque haylos también de centro-derecha). Y voces del PP defienden que el exfiscal general trabajó con absoluta independencia. Lo cual, parece, es cierto al menos en el caso del señor Mas, razón para desavenencias institucionales. Pero es que, precisamente, ahí está el candor del señor Torres – Dulce: ¿para qué quiere el Gobierno un fiscal general independiente en temas claves? ¿Acaso lo nombra para que lo sea? Ingenuidad.

* Publicado con autorización del autor