Los necesarios límites a la libertad de información - por Nicolás Guerra Aguiar
Estimado lector: retrocedamos el tiempo y situémonos en el 9 de enero de 1971, a pocos años de la añorada democratización y en plena efervescencia de la dictadura franquista. Don Alfredo Herrera Piqué, director de la revista canaria Sansofé, es encausado en un expediente administrativo con multa de cuarenta mil pesetas porque informa sobre la huelga en los transportes interurbanos de Tenerife...
Los necesarios límites a la libertad de información - por Nicolás Guerra Aguiar
Estimado lector: retrocedamos el tiempo y situémonos en el 9 de enero de 1971, a pocos años de la añorada democratización y en plena efervescencia de la dictadura franquista. Don Alfredo Herrera Piqué, director de la revista canaria Sansofé, es encausado en un expediente administrativo con multa de cuarenta mil pesetas porque informa sobre la huelga en los transportes interurbanos de Tenerife. Y como informa del «conflicto social», se le acusa de saltarse la «limitación al derecho a la libertad de expresión por las exigencias del mantenimiento del orden público interior», falta muy grave, artículo 2º de la fraguista Ley de Prensa, marzo/66.
Aquel expediente sancionador resultó muy ejemplarizante desde el punto de vista de la macabra lógica represora y del cinismo gubernamental, pues en uno de sus considerandos para justificar la multa -razona el Director General de Prensa-, la libertad de información no está prohibida en la España franquista, en absoluto. Lo que está prohibido es publicar sobre acontecimientos ilegales, y la huelga es uno de ellos. Por tanto, hay libertad de información, mas se reprime por ejercerla.
O lo que es lo mismo, la Prensa debe informar. Pero está en la obligación de analizar qué noticias puede dar, ha de tener en cuenta «las indudables repercusiones que la información difundida tiene». Aunque sean hechos reales no puede publicar todo aquello que sabe sobre actividades al margen de la legislación vigente, pues al difundir tal información creará un conflicto de orden público cuyas repercusiones sociales serían incontrolables.
Quizás ocurra, si no hay control informativo, que otra masa obrera se enardezca ante el mismo problema y tome ejemplo, «lo cual puede dar lugar a que los conflictos se extiendan, con lo que el orden público interior se vería afectado». Más: la información adquiere matices de peligrosidad cuando solamente resalta las partes negativas, produce un ánimo de desconfianza y menosprecio respecto al sistema establecido. ¿Por qué debe insistir sobre una «alteración empresarial» y no lo hace sobre otras empresas sin conflictos laborales?
Pues más o menos en esa línea se ha despachado a gusto el señor presidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio González, una de esas personas que tienen las ideas muy claras en 2013. Y no se arredra, no anda tirando teniques desde las oscuras esquinas como si de un pollillo monomaníaco se tratara, lo cual es de agradecer. El hombre da la voz de justificada alarma y reclama frenos y prudentes limitaciones a los periodistas que abusan de la libertad de información, como si de todo se pudiera noticiar…
Y el director General de Prensa, Inspectores de Prensa, delegados provinciales de Información y Turismo y los censores del número 70 de la calle Triana (de 1971)… estarían absolutamente de acuerdo con el señor González, aunque cronológicamente será más exacto decir que él coincide con ellos, los franquistas. Hoy defenderían aquellos -y acaso fuera el ideal del señor presidente de Madrid- que muchos periodistas sueñan con el Premio Ortega y Gasset de Periodismo lo cual, por supuesto, es legítimo siempre que se investigue con decencia y prudencia. Pero su trabajo o posible endiosamiento informativo no pueden, desde ningún punto de vista, conseguirse a base de inmorales pesquisas, obscenas e impúdicas indagaciones, obsesivas investigaciones a gente inocente. No valen atropellos, avasallamientos o atentados a la intimidad personal y familiar de quienes se dedican al noble servicio a la causa del pueblo y, por tanto, abandonan sueños de juventud para cumplir con la alta responsabilidad que la Política les ha reservado, más como flagelo que como personal realización.
Sí, en efecto, lo corroborarían. La Prensa es información, y los periodistas deben informar. Pero cuando aparecen nombres de honestas personas –a veces, accidentalmente entrecruzadas con hipotéticos hechos delictivos- el profesional consecuente y riguroso debe eliminar hasta las letras iniciales de aquellos ciudadanos que pueden ser perjudicados por fundadas sospechas.
Por eso les parecerían prudentes, juiciosas y sensatas las observaciones del señor González cuando reclama «límites» a las publicaciones sobre aparentes corruptelas, prevaricaciones, robos y asaltos de los que se habla con amplísimos despliegues tipográficos acompañados de fotos o películas que permiten reconocer in aeternum a quienes han sido enfilados por casuales circunstancias las más de las veces, violadoras del «derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen» (Constitución Española).
Así, por ejemplo, su propio caso sobre el ático en Marbella. ¿En qué ha quedado la algarabía que se montó sobre «supuesto trasvase de capital de dudoso origen”» pues él pagaba un alquiler muy inferior a los del mercado? Al final, la verdad: pasó que el señor González lo había comprado unos meses antes. ¿Se le perjudicó? Sin duda, a su honor, a su honradez. Pero, además, a la Institución que representa, la Comunidad madrileña.
¿Que el señor Feijóo, presidente del Gobierno gallego, aparece en el yate de un narcotraficante hoy encarcelado? ¿Y qué? ¿Es que acaso estaba en la obligación de conocer las andanzas comerciales de aquel hombre que, quizás, tenía buenas ideas para el desarrollo de Galicia porque el señor Feijóo ya formaba parte del Gobierno aquel año? ¿Cómo iba él a saber que tal personaje yatero, el áureo señor Dorado, era un delincuente?
Sí, insistirían, tiene toda la razón el señor González: «No es aceptable ni admisible, tiene que haber un límite», pues la foto del señor Feijóo (no es su doble) con el narcotraficante «le está produciendo un daño social» frente a la opinión pública. Además, el despliegue informativo sin límites produce alteración del orden público en cuanto que puede perturbar los ánimos de la población. Y esta, alterada, «puede portarse de forma contraria al orden y la paz social», ya lo certificaron en 1971.
Por suerte, hoy al menos disfrutamos de aquella libertad cuya reclamación les costó al señor Herrera Piqué y a la revista Sansofé varios expedientes. Sin embargo, para algunos hacen falta límites. Me preocupa.
También en:
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=298224