La monarquía, ¿por encima del bien y del mal? - por Nicolás Guerra Aguiar

   Cuando don Odón Elorza -parlamentario socialista en el Congreso- gobernó el Ayuntamiento de San Sebastián (1991-2011), estoy seguro de que calló muchas oportunidades para recriminarle a su partido nada éticos comportamientos y, además, su acelerado desviacionismo ideológico. Quizás lo hizo internamente y, por ello, nada supimos; a fin de cuentas algunos partidos son impenetrables cámaras a las cuales solo se accede con dispensa o excepción graciosa de la superioridad. O, acaso, fueron públicas sus denuncias y yo no me enteré.

   Pero en estos días se ha recuperado su palabra pública gracias a un medio de comunicación -SER- que le dio la oportunidad de explicar el porqué había reclamado a su partido la libertad de voto: se trataba del tema relacionado con la ley de abdicación de don Juan Carlos I, votada en el Congreso  el pasado miércoles (el señor Elorza se abstuvo). Es el mismo señor Elorza que en una discusión interna del PSOE criticó que su partido no haya "tomado ninguna iniciativa parlamentaria para exigir la regeneración democrática que demanda la ciudadanía". Y es que él forma parte de un grupo cuya actividad consiste, precisamente, en conseguir los cambios para que se recupere la sintonía con la calle.

   La reclamación hecha en la soledad de su aislamiento se asienta en que si votaba a favor de la abdicación de Juan Carlos I significaría que daría el visto bueno a la continuidad de un proceso –la consiguiente sustitución por su hijo en la jefatura del Estado- que debía ser revisado antes de su aplicación. O lo que es lo mismo: sustenta que con tal proceso ya se consolidaría como válida una Constitución necesariamente revisable y corregible aun cuando sirvió para unas especiales circunstancias ante unas concretas condiciones, las de 1978. Porque con ella se jugaba mucho si era rechazada: tal vez la reimplantación de un esquema dictatorial; acaso un muy peligroso vacío de poder; quizás la vuelta al enfrentamiento de las dos Españas.

   Pero a cuarenta y cinco años vista; sin aquellos especiales condicionantes; con un sesenta por ciento de españoles que nada tuvo que ver con ella y, sobre todo, con el fin de un período –la abdicación- iniciado con la Constitución aprobada, debe imponerse la revisión de la misma toda vez que algunos de sus apartados o artículos ya no valen para la España del siglo XXI. Por tanto, votar sí o no a la abdicación no significaba exclusivamente la marcha del señor Borbón y Borbón: traducía el acceso no democrático de su hijo a la jefatura del Estado, la que ostentó el rey durante treinta y nueve años precisamente porque el país necesitaba un espacio de tiempo para rehacerse desde el más elemental principio de libertad y democracia. Era condición inexcusable la estabilización del país por más que, en efecto, se identificó la aprobación de aquella Constitución con el reconocimiento de don Juan Carlos como jefe del Estado. Pero solo hasta su abdicación.

   Y en esta realidad ha tenido mucho que ver el PSOE, ya como Gobierno que fue (veintidós años), ya como oposición que es. Desde que el rey anunció su retirada, casi se generalizaron loas, alabanzas, actitudes acríticas (“de botafumeiro” las llama el señor Elorza) también en absolutamente casi todos los medios de comunicación, instituciones públicas y privadas (privados estuvieron muchos con actuaciones reales), ilustres personalidades, como si todos ellos “formaran parte del séquito real”, frente a esporádicas actuaciones de algunos sectores sociales que salieron a la calle a mostrar su disconformidad.

   Sin embargo -y coincido con el señor Elorza- desde ninguna institución se ha planteado otra cuestión fundamental: el rey, como garante de los derechos ciudadanos (artículo 61.1.), ¿cumplió e hizo cumplir determinados artículos de la Constitución que él firmó en 1978? Así, por ejemplo, el 8.2 (los poderes públicos han de ”facilitar la participación ciudadana en la vida económica, cultural y social”; el 14, que define la igualdad ante la ley  (¿le afecta al rey?); el artículo 24 apoya al ciudadano contra la indefensión (¿son gratuitos los recursos?); en el 35 se definen  el deber de trabajar y el derecho al trabajo; el 39 obliga a la protección social de las familias; en el 40 se concretan las condiciones que han de cumplir los poderes públicos  para el progreso social  y la estabilidad económica y “De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo”; el 44 obliga a promover la ciencia y la investigación científica “en beneficio del interés general”; el 47 defiende el derecho a una vivienda “digna y adecuada”;  los derechos de los jóvenes  “a la participación en el desarrollo social, económico y cultural” los reconoce el número 48…

   Por tanto, frente a sus contratados méritos (nunca tuvo el país un período de libertades como el que arrancó en 1978, por ejemplo) tan loados y cantados hasta casi la sublimación, un país sereno, moderno y democrático como el de 2014 debe también plantearse todo aquello que ha significado el incumplimiento de específicos derechos constitucionales. Un país en el que a poco que se escarbe saltan corrupciones y corruptelas, robos y atracos a las instituciones públicas, no puede loar hasta la exasperación a la monarquía cual si se tratara de una de esas árabes tan amigas a pesar de su medievalización. Que se analice sin apasionamientos la realidad negativa de la monarquía saliente no significa, ni mucho menos, que todo haya sido malo (el rey, por ejemplo, también abrió caminos internacionales).  Arrebatos y delirios no son recomendables ni para loas ni para críticas. Se trata, en fin, de una institución humana con sus méritos y sus grandes vacíos. Y, muchas veces, con ausencias de algunas básicas garantías constitucionales como las arriba apuntadas.

También en:

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=340779

http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/31437-la-monarquia-ipor-encima-del-bien-y-del-mal