Multinacional trampa – por Pedro Fernández Arcila, concejal por Sí se puede en Santa Cruz de Tenerife *

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cogió con las manos en la masa a las multinacionales que se dedican a explotar los servicios públicos locales y les ha impuesto una multa que ronda los 98 millones de euros. La razón de esta elevada sanción, de las más elevadas que haya impuesto esta Comisión, radica en que las grandes empresas del sector se ponían de acuerdo en el reparto de las licitaciones públicas que sacaban los ayuntamientos, concretamente las destinadas a la prestación de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria, mantenimiento de espacios verdes y saneamiento. Este ilegal acuerdo se plasmaba bien mediante la modalidad de hacer propuestas conjuntas, o bien mediante un pacto de no concurrencia de algunas de ellas a cambio de una posterior participación en las actividades objeto de licitación. En esta multinacional trampa participaba activamente la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip). Esta asociación sectorial en la que están integradas las principales sancionadas, realizaba funciones de “coordinación” de este ilícito reparto de mercado, llegando incluso a realizar recomendaciones colectivas para “persuadir” a los socios de respetar el acuerdo global de distribución del negocio.

Desde la perspectiva de la política local, este fraude supone que las empresas sabían, con base a estos pactos previos, que iban a ser las adjudicatarias del servicio, por lo que hacían ofertas pensando fundamentalmente en incrementar su beneficio empresarial y no, como debiera ser, en presentar una oferta competitiva basada en un ajuste de precios o en mejoras de la calidad del servicio. No temían a la competencia porque no existía y se dedicaban de lleno a exprimir a los ayuntamientos para poder repartirse el suculento pastel de los servicios públicos. Una de la empresas que ha realizado esta práctica ilícita es Urbaser, la empresa que, desde hace una decena de años, tiene adjudicado en Santa Cruz el servicio local de recogida de residuos, limpieza pública y mantenimiento de parques y jardines.

Relaciono estos datos con el informe de fiscalización a las entidades locales que realizó el Tribunal de Cuentas referido al año 2011 y que se difundió hace algunos meses. En este informe se indicaba que el coste de los servicios públicos privatizados siempre resulta muy superior al de la gestión directa, es decir que las multinacionales cobran más por realizar un servicio público local que el coste que supone realizarlo directamente por los ayuntamientos.

Documentos oficiales como los que traigo a colación deben servir para que la opinión pública se cuestione muy seriamente los mensajes de las formaciones políticas conservadoras que repiten machaconamente, pero sin datos, las bondades de la privatización de los servicios públicos.

Desde luego, visto estos documentos oficiales y la experiencia de estos años en el Ayuntamiento es obligado para Sí se puede comenzar a formular una propuesta para la remunicipalización de los servicios públicos locales, porque será imposible determinar el daño que ha supuesto a las arcas públicas municipales este monumental desfalco, pero lo que no podemos permitir es que, a esta situación, no le pongamos fecha de caducidad.

* Publicado con autorización del autor