PGE 2013, más miseria - por Román Rodríguez (*)

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 profundizan en la senda de los últimos años y, de manera especial de los vigentes de 2012. Continúan con los recortes del gasto y el aumento de impuestos a los asalariados y a los consumidores. Lo que paralizará aún más la economía, incrementará el número de desempleados, aumentará la pobreza y persistirá en el desmantelamiento de los servicios públicos, perceptible en la Educación y en la Sanidad, pero también en el nuevo recorte a las CCAA, de 200 millones de euros, para la ley de la dependencia, que se añaden a los 283 detraídos este año.

Además estos PGE son poco rigurosos. Fallan en las previsiones macroeconómicas en las que se sustenta. Plantear un decrecimiento solo del 0,5% del PIB español para 2013 no concuerda con las previsiones de los organismos internacionales y de los distintos servicios de estudio, que casi triplican la bajada prevista, situándola en el -1,3%. Por tanto, habrá menos ingresos, los gastos serán mayores y se producirá más déficit.  El déficit previsto para 2011 se ha revisado, elevándose del 8,9% al 9,44% por los 5.000 millones del FROB a los bancos, al pasar de considerarse préstamos a convertirse en inversión (por la nacionalización de éstos). Este año sucede igual, con otros 11,000 millones a la banca, que computarán como déficit, pasando este del 6,3% al 7,3%. En ningún caso se estará por debajo del 8%. Y, asimismo, con estos PGE no se cumplirá el 4,8% de déficit en 2013.

Las previsiones de ingresos y gastos son ficticias, a lo que se añade el preocupante incremento de la inflación. Lo que llevará a la revisión de los PGE pocos meses después de que sean aprobados, probablemente tras las elecciones que están convocadas.

Más recesión

Estas políticas absolutamente equivocadas (hasta el ‘New York Time’ señala en un reciente editorial el gravísimo error que suponen, asegurando que traerán más miseria) supondrán una mayor recesión, así como más desempleo (en Canarias podría acercarse en los próximos meses al 35%, récord histórico), en un presupuesto que dedica 38.590 millones de euros a pagar los elevados intereses de la deuda, fundamentalmente, y como señalan numerosos expertos, porque el Banco Central Europeo (BCE), convertido en defensor de los intereses de los bancos privados, se niega a comprar deuda pública directamente al Estado español. Y de esto se benefician los bancos titulares de la deuda pública, sobre todo alemanes, franceses y españoles.

Mientras, el Ejecutivo reduce un 6,3% las partidas destinadas a pagar a los desempleados, como ya ocurrió en 2012, -cuando continúa elevándose su número, como hemos visto en los datos de paro registrado del mes de septiembre: 79.645 más a nivel estatal-. Y también disminuye un 34,6% las políticas de fomento del empleo. Asimismo, no se garantiza la revalorización de las pensiones, que exigiría 2.500 millones de euros al final de 2012 y otros tantos en 2013, para evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo. A lo que habría que añadir lo correspondiente a ese 1% de subida que han anunciado en las vísperas de comicios en tres comunidades autónomas.

Los servicios públicos, elementales para garantizar unos niveles mínimos de equidad entre los ciudadanos, siguen siendo duramente castigados por el Gobierno del PP. El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales sufrirá un recorte del 28,6% de su presupuesto; y Educación dispondrá de un 14% menos que en 2012. Congelando o disminuyendo las partidas destinadas a becas, cuando en el presente curso se han incrementado significativamente los costos de los libros y del material escolar, así como el de las matrículas universitarias, por encima del 40%. Además, se recortan los recursos económicos destinados a financiar los servicios sociales que ofrecen los ayuntamientos.

Las infraestructuras también se ven reducidas, un 15%, justo cuando, por la gravedad de la crisis, se precisa más estímulo a la economía desde el mundo público. Lo que llevará a más destrucción de empresas y más paro en sectores como el de la construcción. Por otra parte, en los PGE del próximo año las transferencias que recibirán las CCAA supondrán 24.421,5 millones de euros, un 12% menos que en 2012.

Canarias, peor

Canarias sale otra vez muy mal parada en los PGE, como viene sucediendo en los últimos años, pero con mayor gravedad, si cabe, por los parámetros tan negativos que presenta su economía y, en especial, por sus elevados índices de desempleo; y por sumarse al auténtico maltrato que sufre en la financiación autonómica, que nos coloca una vez más en la cola de las comunidades de régimen común. Más de 800 millones de euros por debajo de la media en la liquidación del año 2010, situación que se agravará negativamente para los siguientes años.

Entre otros aspectos negativos de las cuentas públicas estatales para 2013, Canarias ve reducidas en 5 millones  las ayudas al transporte público regular de viajeros por carreteras, cuando en los PGE de 2008 ya habíamos conseguido que se aumentaran hasta alcanzar 30 millones anuales. También se retrocede en el descuento del transporte aéreo y marítimo a los residentes y en el transporte de mercancías, que afectará a los distintos sectores económicos, entre ellos a una agricultura que será aún menos competitiva con las del territorio continental.

Igualmente, pese a nuestro elevado desempleo, que nos coloca a la cabeza de España y Europa, el Plan Integral de Empleo se reduce de 40 millones de euros a 10 millones. Además, como ya ocurriera en 2012, desaparecen de los PGE los 40 millones para infraestructuras educativas que venían incluyéndose desde los años noventa. El convenio de carreteras se reduce en 14,4 millones respecto a este año 2012 que, unido al gran tijeretazo sufrido en 2011, supone una caída del 73%. Y se elimina la subvención para la desalación de aguas que ya había sido sustancialmente reducida en el actual ejercicio. Cargándose así, con total insensibilidad hacia las Islas, una de las políticas reconocidas en el REF, cuando todo el mundo sabe, por muy mesetario que se sea, que el agua que consumimos se produce, y hacerlo supone elevados costes para esta tierra.

Se trata de una vuelta de tuerca más en el injusto trato a Canarias por parte del Estado. No teniendo en cuenta las mayores dificultades para la producción de las empresas y para la prestación de los distintos servicios públicos que supone ser un territorio alejado y archipielágico. Decisiones, las incluidas en estos PGE, que solo ayudarán a que en las Islas se incremente el paro y la pobreza, consolidándose una sociedad fracturada y sin la menor cohesión ni equidad social.

Ante ello, ante una situación tan grave y un retroceso social semejante, no cabe la resignación de la ciudadanía canaria. Es preciso organizarse y avanzar hacia un frente común de la sociedad civil, las organizaciones políticas y las instituciones democráticas para exigir un trato justo a nuestra tierra. Para generar las condiciones que posibiliten el crecimiento económico, la creación de empleo y la adecuada cobertura de los servicios públicos. Y ello exige un programa común, altura de miras y elevado grado de unidad.

(*) Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.

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