El precio público de la lectura - por Nicolás Guerra Aguiar

De un tiempo a esta parte la biblioteca pública se ha convertido en centro noticiable. Y no porque el Estado se haya dado cuenta de la grandísima influencia que su buen funcionamiento tiene en la sociedad de hoy, más bien necesitada de reposos y meditaciones ante buenas obras que invitan a renovar las anquilosadas células grises de nuestra mente. Muy al contrario, su pálpito actual viene dado por circunstancias opuestas a la primera función que debe cumplir como lugar accesible en el que se guardan palabras sabias, ordenadas con la razón y, las más de las veces, de exquisito sentido estético.

   Y por más que hoy –sobre todo en vísperas examinales- a veces se convierte en simple lugar de estudio al que acuden a puñados montones de universitarios que compiten por una silla y su correspondiente mesa, lo cierto es que incluso como tal lugar para tales menesteres sigue siendo necesaria, pues no todos tienen en sus casas un espacio apacible, relajado, iluminado. Por tanto, la rebatible excusa de que pocos estudiantes van a buscar en ella un libro de lectura no justifica en absoluto que, como sucedió en tiempos de la exalcaldesa de LPGC, doña PPepa, un prometido pero frustrado proyecto de biblioteca en la zona Canteras - Puerto se convirtiera en negocio de cuatro millones de euros para el Ayuntamiento cuando vendió la inmensa planta y, de paso, una gran oportunidad para su comprador.  

   Como asiduo visitante de bibliotecas busco en ellas libros que necesito para algún estudio; espacios de absoluto silencio para escribir o, simplemente, para leer por el placer de la lectura. Por tanto, sé lo que hay a mi alrededor; y en efecto, en aquella que puede ser pura ruina en pocos días decenas de universitarios están enfrascados en mesas llenas de libretas (apuntes de clase) y fotocopias subrayadas. En casi ninguna faltan el ordenador portátil, el muy sofisticado móvil y en su defecto -o como complemento- la tableta. Y jóvenes que se acercan al mostrador de la sala de lecturas solicitan ediciones especializadas en determinadas oposiciones; incluso boletines oficiales en los cuales aparecen publicadas convocatorias para puestos de trabajo. Y la gente hace cola abajo, en la sección de préstamos y devoluciones.

   Y en nombrando al BOE, una razón de por qué en estos días los medios hablan tanto de bibliotecas públicas: un Real Decreto de agosto las obliga a pagar una cantidad por derechos de autor cada vez que presten un libro, aunque no tengo claro si solo se refiere al que uno se lleva para casa o, además, incluye al que se pide para leer en la sala. Por tanto, su presupuesto real se verá afectado para la compra de material informático (solicitadísimo), promociones de lecturas con regalos de ejemplares, adquisición de nuevos lotes, puesta al día en autores y títulos... Así, cuantos más libros presten, más deben mermar su presupuesto para tales menesteres.

   Rechazo absolutamente el canon que pretenden cobrar por el uso de ejemplares. Tal “derecho de remuneración” no debe afectar a las bibliotecas públicas, toda vez que un único ejemplar no le significa al autor perjuicio económico por su trabajo intelectual. Es más, estoy seguro de que tampoco estará de acuerdo. Pero tal boletinización oficial tiene truco, lleva en sí una aparente obsesión del actual Gobierno: la privatización de un servicio público, en este caso la gestión de las bibliotecas. Porque será una empresa privada la que se encargue de gestionar los derechos de autor. Y como demuestra la experiencia, las empresas tienen el legítimo derecho a la obtención de beneficios: no son ONGs.

   Así pues, si las bibliotecas públicas tienen que abonar una cantidad prefijada por préstamos de libros u otro material, ¿cuánto de la recaudación llegaría realmente a los bolsillos de los autores? Porque la empresa privada, claro, no solo busca ganancias, legítimas, insisto. Además, ha de pagar nóminas a sus empleados, quienes se encargarían de toda la actividad administrativa relacionada con préstamos y cobros (no es que desconfíen de los funcionarios, pero ya se sabe que cuatro ojos ven más que dos). Mas, ¿quién controlará a la empresa privada adjudicataria? ¿Quién se encargaría de hacerle ver sus posibles errores en lo que a justos repartos de beneficios se refiere?  ¿O acaso hemos de dar por sentados su seriedad rigurosa, su actuación inmaculada, su impoluto proceder en el más justo y equitativo de los beneficios económicos?  ¿No sería acaso más racional que la propia Administración, tan preocupada por los intereses económicos de los autores, fuera la encargada de abonarles el tanto por cierto que se considere justo? Así, lo que la empresa privada pudiera ganar por su actividad recaudatoria y de aparente reparto se quedaría en las arcas de las bibliotecas, absolutamente necesitadas del último céntimo en estos tiempos de austeridades y restricciones.

   Es, exactamente, lo que sucede con la obsesiva obsesión de quienes ansían con frenesí la privatización de la medicina pública. La cuestión es la misma: la empresa privada busca beneficios económicos, lo contrario no le interesa. Tales ganancias saldrían de los presupuestos generales de un hospital, por ejemplo. Es decir, miles de euros no se usarían para su función primera, la atención pública y gratuita. Por tanto, ¿por qué el interés de gestores públicos en tales privatizaciones? ¿Se imagina, estimado lector, que para pagarle a la empresa privada la biblioteca pública tenga que montar un tenderete como el de la foto?