¡Vergonzosa burocracia para reclamar el IMV!

Antonio Aguado, coherente veterano militante socialista

Las familias (800.000) y personas (2.350.000), con derechos al IMV (Ingreso Mínimo Vital),  son muy vulnerables y encima no disponen la mayoría de ellas de los medios necesarios para reclamarlo. A todo esto, se une una absurda y nefasta burocracia que dificulta aún más poderse acoger a esa necesaria percepción a la que tienen todo el derecho. Al final, algo que podría ser positivo y beneficioso, se vuelve en contra y crea en las posibles personas destinatarias frustración e indignación. Esto le viene bien a la reaccionaria derecha extrema del PP y fascista extrema derecha de Vox, para crearles descontento mediante la utilización de sus lenguajes de crispación, tensión y con marcado acento populista, algo que en muchas ocasiones les reporta réditos electorales.

No se entiende que vengan ocurriendo estos problemas de administración y burocráticos, en un país como el nuestro que cuenta con más de 3.250.000 funcionarios públicos administrativos y dotados de los medios necesarios para realizar de forma ágil y adecuada su labor. En ese sentido, sobrepasamos con creces la media de la Unión Europea como por ejemplo Alemania que, con más de 83 millones de habitantes, dispone de un millón menos de empleados públicos.   

Otro tanto ocurre con el SMI (Salario Mínimo Interprofesional). Ha estado muy bien su incremento a 1.080 euros, pero en muchos casos y como consecuencia de una gran parte de empresarios desaprensivos, el referido incremento no ha surtido el efecto deseado y es que los/as trabajadores/as, son extorsionados/as haciéndoles trabajar horas de más sin serles remuneradas. 

Tendría que haberse previsto que esto podría ocurrir y haberse adoptado las medidas oportunas para evitarlo. Nos podremos imaginar el sentimiento de indignación de quienes sufren estas extorsiones y de impotencia porque necesita el puesto de trabajo para poder subsistir. Además, en caso de negarse a ser extorsionado el empresario no tiene reparos en despedirlos y es que, para cubrir esos despidos, hay cientos de aspirantes a la espera de los trabajos que quedan vacantes. 

En este caso se invierten los términos en relación con el número de inspectores de trabajo necesarios para hacerle frente a esta indeseada y abusiva situación y es que, tenemos 1 por cada 23.300 trabajadores, casi la mitad que la media europea: 1 para 12.000 empleados. La Inspección de Trabajo de nuestro país, impuso más de 120 millones de euros en sanciones en el año 2022, lo que significa que son empleados públicos económicamente rentables, pues a diferencia del resto de funcionarios administrativos, su sueldo se lo autofinancian. Entonces, ¿Por qué no se aumenta su plantilla?.

* Gracias a Antonio Aguado Suárez