Violencia policial, violencia contra la policía - por Nicolás Guerra Aguiar *

  Como personas con capacidades de raciocinio y experiencias mundanas somos conscientes de que ni todos los policías son buena gente ni, por supuesto, todos los ciudadanos gozan de éxtasis angelicales a manera de querubines barrocos. En ambos sectores de la sociedad encontramos elementos que degradan nuestra condición de seres civilizados.

   Entre los primeros destacan quienes abusan de la autoridad que se les ha conferido, acaso natural error humano de psicólogos que tenían la función de estimar y prever sus reacciones si se les reviste de mando, facultad que a muchos embriaga y a otros disparata. Más: una vez investidos, ejercen la violencia física bajo la protección o con la excusa de su uniforme y la connivencia de otros asilvestrados como ellos.

   Dos casos. Primero: un policía local de Palma de Mallorca descargó dos patadas en la cara (año 2015) a un detenido, esposado a una butaca en comisaría… ante la pasividad de seis agentes. La acción violenta y la nula reacción fueron grabadas por las cámaras. Segundo: en 2013 un ciudadano catalán fue reducido por seis mossos d’esquadra. Le propinaron golpes, patadas, rodillazos, puñetazos… en tan salvaje actuación que directa o indirectamente le causaron la muerte (infarto). El juez instructor del caso estimó como “excesiva, desproporcionada y violenta” la actuación de los seis mossos: sabían que podrían causar daños mayores (doce minutos de violencia ejercida por seis hombres sobre una persona tirada en el suelo sobrepasan protocolarias reducciones. Hace sospechar, incluso, que “hubo intención de lesionarlo”). El fiscal pide once años de cárcel. E incluye con otra solicitud de pena a dos mossos más: limpiaron con agua una prueba (mancha de sangre en la calle) y no pusieron a disposición del juez la filmación que alguien había hecho; muy al contrario, obligaron a borrarla –destrucción de pruebas-.

   El segundo sector lo forman quienes se saltan -e incluso rechazan- los naturales límites impuestos para la pacífica convivencia social: actúan también con violencia y absoluto desprecio a los demás. Y aunque tampoco puedo entrar en las razones de los tales comportamientos (“Todo lo que es tiene su razón de ser”), constato a través de hechos reales cómo ejemplares humanos de este bloque desequilibran las relaciones sociales, acaso como prueba y reiterada constatación de la imperfección humana.

   Un ejemplo: ayer, lunes, comenzó en la Audiencia de Las Palmas el juicio contra un luchador de artes marciales (tudo) que propinó a un policía nacional un casi mortal puñetazo en la cabeza (fracturas craneales y hemorragias). Después se abalanzó sobre la víctima y la amenazó de muerte. El joven agente no ha recuperado del todo las facultades sensitivas. Obviamente, su estado anímico no es el que corresponde a su juvenil edad, a fin de cuentas pueden quedar secuelas no solo físicas sino, lo peor, psicológicas y estéticas. Todo porque había intentado ayudar al más débil, en este caso la joven que acompañaba al supuesto agresor.

   Se trata, en resumen, de tres actos violentos: en el primero el agente actuó con manifiesta agresión física, abuso de poder y connivencia de sus compañeros profesionales. El resultado del segundo caso (intervienen seis mossos) fue la muerte del catalán salvajemente agredido. Si esta se produjo directamente a causa de la animal paliza infligida a la víctima es algo que se decidirá en el juicio. Pero lo cierto es que el muerto estaba vivo antes de que seis jóvenes mossos uniformados y provistos de sus “persuasivos” instrumentos arremetieran contra él en plena calle, acaso ante impactadas miradas de niños. La fiscalía pide 11 años de cárcel y una indemnización para la familia de la víctima de 200.000 euros. El tercer caso (agente agredido) llevó al policía nacional a las puertas de la muerte: cumplía con su deber de ayudar a una persona supuestamente abofeteada por el luchador de artes marciales. La fiscal solicita prisión por distintos delitos: en total, diez años y medio de cárcel.

   O lo que es lo mismo, medio año menos que para los seis mossos procesados por la muerte de un hombre que cayó fulminado tras las agresiones realizadas por agentes de la ley, muy superiores en número y preparación física. No pueden alegar que fueran agredidos violentamente: eran seis. Y tal como queda demostrado, los gritos de dolor de la víctima no traducían, sin duda, éxtasis combativo.

   Pero como la ley permite los arreglos, puede llegarse a uno en el caso de los mossos (tal vez influya que habrá jurado popular): si la fiscalía y la familia del muerto acceden, la pena se reduciría a dos años de cárcel. Y al no haber antecedentes en los acusados –en este caso, probables condenados-, no tendrían que entrar en prisión. A fin de cuentas se trataría, ahora, de “homicidio imprudente”: aceptación del delito cometido –lo negaron durante muchos meses- e indemnización a la familia del muerto.

   El problema para llegar a un acuerdo, parece, está en ciertos matices de la familia y en la Asociación Catalana de Derechos Humanos. La primera reclama la aceptación del dolo, es decir, que la paliza fue intencionada aun a sabiendas del daño que podría producir. La segunda mantiene que no puede rebajarse una condena por homicidio en las circunstancias ya descritas. (Acaso por esta inflexible postura, la defensa de los mossos busca desesperadamente que se expulse a la acusación popular, aunque es condición indispensable que los familiares de la víctima lo acepten.)

      En el primer caso no hay atenuantes: solo en defensa propia la policía puede repeler el ataque de un detenido (en este caso, esposado a la butaca). En el segundo hubo agresión de seis: el civil murió. En el tercero, el agente actuó en defensa de un ciudadano, loable comportamiento. Pero hay algo que no entiendo: diez años y medio por violencia contra un policía y solo once (acaso dos) para los seis mossos por el homicidio de un hombre desarmado.  

* En La casa de mi tía por gentileza de Nicolás Guerra Aguiar