El sábado 7 de noviembre se ha celebrado el Encuentro estatal por los servicios públicos, por los derechos sociales y democráticos, por la República, a iniciativa del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP).

El encuentro se realizó por videoconferencia con 130 conexiones, aunque en algunas se reunieron físicamente varias personas, de manera que los organizadores hacen un cálculo estimativo de la participación de 200 compañeros.

En el encuentro se aprobó el siguiente manifiesto:

Por los servicios públicos, por los derechos sociales y democráticos, por la República

Encuentro estatal 7 de noviembre promovido por el CATP

A las compañeras y compañeros, colectivos que en esta situación difícil luchan por ayudar a que se abra un camino favorable a la mayoría social:

• los trabajadores y trabajadoras que ven deteriorarse sus derechos y su poder adquisitivo.
• los desempleados y desempleadas que ven como su situación se cronifica sin solución.
• los que sufren un ERTE y temen un despido definitivo, a pesar de las ayudas y exenciones económicas recibidas por sus empresas.
• los que sufren el aislamiento por el coronavirus y ven con miedo como la pandemia se desborda.
• los estudiantes que ven como la enseñanza “telemática”, y los escasos medios humanos y materiales en la enseñanza pública burlan su derecho a la educación. Jóvenes que observan como se desvanece su futuro laboral y se ven abocados a no poder emanciparse y a ser sobreexplotados como lo fueron sus antepasados empujados al exilio.
• Actualizar la legislación, obsoleta, para la protección de niños, niñas y adolescentes y no se les desvincule de sus familias biológicas. Son miles los casos de menores de edad tuteladas por las comunidades autónomas, que en la práctica esa custodia la ejercen las empresas privadas, desde donde se dictan expedientes de riesgo y desamparo, sin escuchar a las familias.
• los pensionistas que defienden el Sistema Público de Pensiones, y los trabajadores en activo hoy pensionistas de mañana, ven que el nuevo acuerdo del Pacto de Toledo no restituye los ingentes fondos que se han detraído de la Caja para el pago de las Pensiones.
• la población que ve el deterioro y el colapso de sus hospitales y centros de salud.
• las mujeres que sufren la violencia machista y la brecha salarial.
• las familias en el umbral del hambre. Las que temen por la vida de sus mayores en las residencias.
• Los autónomos, los falsos (asalariados bajo fórmulas mercantiles) como los verdaderos, a los que se les expulsa del mercado en el que se privilegia a las grandes corporaciones.

Vivimos un momento de la historia en el que se hacen cada vez más evidentes los efectos perniciosos de un sistema hecho a la medida de los intereses de unos pocos, contra la inmensa mayoría. Es un juego de trileros en el que se antepone la economía a la salud, con la pretensión de enfrentarnos a ese falso dilema, con el objetivo de disfrazar la lucha de clases con todo tipo de eufemismos. Las medidas que están tomando los gobiernos, para afrontar la pandemia y sus efectos, no afectan por igual a explotadores y explotados, a ricos y a pobres. Mientras los primeros aumentan sus fortunas, y aprovechan la situación para imponer nuevas bajadas de salarios y recortes de derechos, los segundos sufren las consecuencias de la crisis económica galopante. Por ello que se fomentan formas de autoritarismo y represión para ahogar las exigencias de la mayoría. La clase dominante, quiere imponer su visión de que lo bueno para ellos, es bueno para la totalidad, como cuando el presidente de la CEOE ha criticado la limitación del precio de los alquileres, tachando la medida de ideológica, pero, al mismo señor, no le debió parecer ideológica la venta de viviendas sociales a fondos buitre y guardó silencio.

Quienes tratan de aprovechar la pandemia para llevar agua al molino de sus intereses, someten a toda la sociedad y a las organizaciones obreras y populares a su voluntad, mantienen las contrarreformas laborales y de pensiones favorables a sus intereses, obligan a la mayoría trabajadora del país a renunciar a la defensa de sus derechos y reivindicaciones. Los compañeros, colectivos y organizaciones políticas, sindicales y sociales, reunidos a iniciativa del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP) rechazamos esa orientación, y proclamamos que GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS REIVINDICACIONES SE DEFIENDEN. Por ello queremos contribuir a levantar en este momento crítico la más amplia unidad, para lograr:

• la derogación íntegra de las reformas laborales. Contra las que la clase trabajadora se levantó en huelga general, en tres ocasiones, en 2011 y 2012.
• la derogación de las reformas de pensiones de 2011 y 2013. Y una auditoría, sin límites tempo­rales, que restaure los fondos extraídos de la Seguridad Social destinados a pensiones.
• la derogación de la «ley Mordaza», que cuestiona las libertades de expresión y movilización.
• la derogación del artículo 135.3 de la Constitución, que cuestiona el gasto público para la defensa de la salud y el bienestar de los pueblos.
• La derogación del Artº. 315.3 del Código Penal (a la espera de que la proposición de Ley Orgánica presentada por el PSOE en el Congreso, para la derogación de dicho artículo, llegue a buen fin).
• la defensa de la sanidad y la educación públicas, y un presupuesto de emergencia para salvarlas.
• la derogación de la Ley 15 de 25 de abril/1997, “Habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema de Salud Pública”. Verdadera puerta de entrada de la empresa privada en la gestión del Sistemas Público de Salud.
• la devolución al Estado, hasta el último euro, de los fondos entregados a la banca privada. Y la creación de la banca pública.
• Plan de inversiones y empleo público para crear miles de empleos.
• la libertad de los presos políticos encarcelados por defender el derecho de las nacionalidades y regiones existentes en el Estado español. El derecho de los pueblos a decidir cómo quieren relacionarse entre ellos libre y voluntariamente. Continuar y amplificar la campaña por la amnistía de los prisioneros políticos catalanes.
• la derogación íntegra de la LOMCE y de todas las contrarreformas educativas.
• la abolición de la Ley de Extranjería que atenta contra los Derechos Humanos más elementales de las personas que huyen de la miseria y de las guerras provocadas por el imperialismo y el capitalismo.
• el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), en los que, en la práctica, están secuestrados jóvenes inmigrantes de nuestra clase social.
• la exhumación de todas las víctimas del franquismo. La anulación de todos los juicios y sentencias franquistas contra trabajadores y defensores de la libertad y los derechos de los pueblos, como parte del fin de la impunidad de los crímenes del franquismo.

Puntos de partida básicos que nos permitirán abordar con una lógica distinta, en beneficio de la mayoría, la reconstrucción de esta sociedad. Para ello es necesario acabar con instituciones franquistas enquistadas en el sistema, que hacen imposible conseguir buena parte de las reivindicaciones. Hoy es indispensable un cambio social y político.

La minoría de la sociedad se empeña en continuar el viaje de la historia en un vehículo que protege sus intereses, la Constitución de 1978, que nos ha hundido en la actual crisis económica, social y de convivencia. Una Constitución que fue condicionada por el aparato del Estado franquista, que dejó las instituciones del Estado infectadas de adeptos que añoran el autoritarismo, la arbitrariedad criminal y usurpadora de la dictadura. Elementos que someten la vida de los pueblos a los intereses de los poderes económicos parásitos: en la judicatura, en las fuerzas de seguridad, en el ejército, en la política, en los medios de comunicación… todos ellos al servicio de la oligárquica casta política y social.

Hay que aportar medios a los trabajadores y a los pueblos, para salir del abismo en que nos están hundiendo. Compartimos un concepto arraigado de la justicia social, del bien común y del respeto a la vida, nos rebelamos contra un sistema económico que está diseñado en función de los intereses de la minoría: la oligarquía que desprecia la vida de nuestra clase social. El movimiento obrero y democrático necesita recuperar y fortalecer las organizaciones creadas y levantadas por los trabajadores jugándose la vida y la libertad, incluso durante la dictadura franquista. Tienen que acentuar el giro hacia la defensa de las prioridades de la clase trabajadora, no solo en los discursos y programas: también en los hechos, rompiendo con la lógica del mercado, defendiendo los derechos que nos dejaron en herencia aquellas generaciones de luchadores y luchadoras. Hay que decir basta ya de saquear lo público por la vía de la privatización directa y por la indirecta, de desviar servicios públicos a manos privadas. Basta ya de devaluar los servicios públicos mediante mermas en la inversión en medios técnicos y humanos. Mientras estas cosas ocurren, el Estado se endeuda para apalancar los negocios privados que no garantizan el empleo. Hay orientar esas ingentes cantidades de dinero a las prioridades de la mayoría social, como lo es: la Sanidad, la Educación y la Dependencia. Tanto la crisis inmobiliaria y financiera de 2008 a 2018 como la actual pandemia vírica han puesto en evidencia el doble rasero de las políticas económicas, la mayor parte de las veces en contra de los intereses de la clase trabajadora. Es por ello que, la mayoría necesita la República como herramienta y punto de apoyo para cambiar esta realidad que a la mayoría le es adversa.

La Conferencia del 7N20 llama a todos los sectores de la sociedad y a todos los colectivos sociales que luchan por sus legítimos derechos, a los partidos y sindicatos: sus objetivos son incompatibles con la Constitución de 1978. Democracia es acabar con la herencia franquista y con este estado pútrido. Defender la supervivencia de los trabajadores y los pueblos exige abrir camino a la República en la:

• que la soberanía resida verdaderamente en el pueblo, y solo en el pueblo.
• que el Estado sea laico y ninguna religión se inmiscuya en el sistema educativo ni cuente con prerrogativas que les permita influir en las cuestiones de Estado al margen de la democracia.
• que el Estado se base en los derechos de los pueblos, cuya vinculación sea libre y voluntaria, garantizando la convivencia fraternal y la riqueza cultural.
• que el derecho a un trabajo digno, a una vivienda digna y a una jubilación basada en el reparto sean una realidad mediante un mandato constitucional e instituciones que lo garanticen.
• que se garantice el estado de bienestar en el que los sistemas públicos de sanidad, educación. Dependencia, pensiones y vivienda, velen por las necesidades y la dignidad de las personas, no de los intereses privados.

El derecho a la vida y la salud, los derechos de los trabajadores, el derecho a un futuro para la juventud, la lucha contra el patriarcado… son incompatibles con la corrupción que recorre las instituciones del Estado de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. La corrupción que parte de la Corona y rebosa por las ventanas de la Casa Real. El poder judicial ejerce de brazo armado de la putrefacción del partido fundado por el exministro de Franco, Manuel Fraga, quien cobijó y alentó a la extrema derecha más rancia y fascista que desprecia los Derechos Humanos y que hoy vuelve a estar representada en las instituciones.

La República no es una reivindicación nostálgica, ni es un instrumento de revancha contra quienes traicionaron a la patria que decían y dicen defender. República es una herramienta de justicia social; de democracia basada en la elección de los gobernantes y el control de los mismos por el pueblo, en todos los niveles, sin injerencia de las multinacionales, el capital financiero y sus instituciones internacionales, ni la iglesia, ni corporaciones franquistas. República son servicios públicos inviolables e imprivatizables, derechos de los trabajadores y las trabajadoras protegidos de verdad, blindados frente a la especulación y la explotación. Es protección de las libertades democráticas y sociales de los jóvenes, de las mujeres, de los pensionistas y del conjunto de los pueblos que configuran el Estado. La República la construiremos desde los movimientos sociales y desde las luchas de la clase trabajadora, como se han conseguido a lo largo de la historia todos los avances en derechos y libertades.

Tras la experiencia de estos 43 años, al pueblo, a la ciudadanía, a la clase trabajadora, no nos queda otro camino que luchar por las libertades, la vida digna, por un gobierno del pueblo y para el pueblo, que no se someta, como han hecho los gobiernos hasta ahora, a los dictados del capital financiero y la Monarquía. Los trabajadores y la juventud, la mayoría son perfectamente capaces de traer la libertad, la República, que los pueblos se organicen libre y solidariamente para resolver los problemas que solo ellos pueden resolver

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Nos comprometemos a combatir por una sanidad pública junto con todos los trabajadores sanitarios y afectados por el expolio hecho con la privatización de la sanidad, por la unidad para defender el sistema de pensiones de reparto, para defender la educación pública, gratuita, de calidad, laica, a recuperar la industria, defender el campo, para defender las libertades. Único camino para preservar los intereses de la mayoría y de derrotar las resistencias de la minoría.

Luchar por Proclamar la República implica defender la democracia en las organizaciones, garantizar la coordinación democrática.

Proponemos reforzar, dar otra dimensión a la colaboración y el diálogo entre responsables, militantes, trabajadores y trabajadoras. Estos últimos años ha comenzado la colaboración en el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), pero necesitamos hacer mucho más. La Conferencia del 7N20 es un punto de partida para:

• reunir a compañeros y colectivos que compartan nuestro combate en comités por la alianza de trabajadores y pueblos, en empresas, sectores profesionales, empresas, localidades…
• reforzar la información, el intercambio, la acción común.
• ampliar la Comisión Organizadora estatal con compañeras y compañeros que representen a diferentes sectores en lucha por sus derechos, por las libertades, por el derecho de los pueblos a su autodeterminación, por la emancipación de la clase obrera, por poner fin a la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista, por la abolición de la monarquía y de todo vestigio franquista en las instituciones, por desterrar para siempre la corrupción de nuestra sociedad.

El CATP es el impulsor, junto con otras fuerzas políticas, sindicales y sociales, de la próxima República, que será el instrumento con que los pueblos de España han resuelto por fin, tomar con fuerza en sus propias manos la construcción de un futuro de democracia y esperanza.

(Descarga el manifiesto en PDF)

* En La casa de mi tía por cortesía de INFORMACIÓN OBRERA, con la colaboración de Ramón Arrúe

http://www.informacionobrera.org/manifiesto-del-encuentro-estatal-del-7-de-noviembre/