NC presentó Enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de modificación de la Ley de renovación turística de Canarias

El grupo parlamentario de Nueva Canarias ha registrado una amplia Enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias. Con la redacción de este proyecto de Ley se acaba definitivamente con las parciales limitaciones que aún estaban en vigor a la construcción de nuevos establecimientos alojativos turísticos.

Dicho con otras palabras, se deroga lo que quedaba de la popularmente conocida como "moratoria" turística. 

Con esta Enmienda a la totalidad continuamos nuestra impugnación en esta legislatura a las leyes que se han aprobado para modificar negativamente la legislación territorial y turística. Así presentamos extensas enmienda a la totalidad y votamos en contra de la ya hoy Ley de Armonización y Simplificación Territorial y a la Ley sobre Tramitación preferente de inversiones estratégicas para Canarias, así como presentamos 24 enmiendas parciales a Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística, a la que también nos opusimos en el trámite de su aprobación.

Sin duda la voluntad del Gobierno con este Proyecto de Ley es acabar con las actuales y parciales limitaciones existentes para la construcción de plazas turísticas de nueva planta, con el añadido de que sean de calidad y ecoeficientes, atributos que hoy se le supone a cualquier alojamiento turístico de nueva creación. En la práctica se autoriza "barra libre" para la construcción de nuevos alojamientos turísticos. Se refuerza así el progresivo abandono de las Directrices de Ordenación del Turismo, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril.

A continuación, un resumen de la enmienda al PL de modificación de la Ley de renovación turística de Canarias, para facilitarles las cosas.

A modo de resumen de la enmienda

La vigente

Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística, aprobada en mayo de 2013, ya amplió los supuestos excepcionales que permitían construir nuevos alojamientos turísticos en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife y que estaban definidos en el Título II de la anterior Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo. 

En efecto, la Ley 2/2013, actualmente en vigor, ya establece que serán otorgadas autorizaciones previas cuando, entre otros supuestos, la nueva implantación de establecimientos alojativos se refiera a los de categoría de cinco estrellas o superior (artículo 4.2 apartados a y c) y que además deberían "cumplir con las máximas exigencias de eficiencia energética y ahorro de agua" (artículo 4.4). Al mismo tiempo que, aunque ha pasado más inadvertido, permite la implantación del producto turístico "villa" sin límites y además sin requerimientos de calidad (ver artículo 31), permitiendo además la conversión de viviendas en "villas" en las zonas turísticas (artículo 32).

Con la redacción propuesta por el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias, que hoy enmendamos, se amplía la autorización para construir cualquier establecimiento alojativo, al margen de su categoría, "que deberán cumplir unos estándares de calidad edificatoria y del servicio ofrecido que garantice el mínimo impacto medioambiental en términos de, al menos, ahorro de agua, contaminación acústica y lumínica y de gestión de residuos, y reunir las condiciones de densidad, equipamiento, infraestructuras y servicios establecidos reglamentariamente para configurar un modelo de excelencia y ecoeficiencia" (artículo único, apartado1 del Proyecto de Ley).

Sin duda la voluntad del Gobierno con este Proyecto de Ley es acabar con las actuales y parciales limitaciones existentes para la construcción de plazas turísticas de nueva planta, con el añadido de que sean de calidad y ecoeficientes, atributos que hoy se le supone a cualquier alojamiento turístico de nueva creación.

Además hay que poner de manifiesto que en la redacción propuesta en el proyecto de ley se presume que estos estándares de calidad y ecoeficiencia los cumplen los establecimientos hoteleros y extrahoteleros de cinco estrellas o superior, para los que podrían seguirse otorgando autorizaciones previas de forma inmediata sin esperar al desarrollo reglamentario.

Esta distinta regulación para los establecimientos de cinco estrellas o superior y para el resto, tiene asimismo consecuencias en relación con el otorgamiento de la autorización previa (…) Por tanto, el proyecto de ley establece dos caminos diferentes para conceder la autorización a un nuevo establecimiento alojativo. En el caso de una instalación de categoría inferior a cinco estrellas, hasta la elaboración del Reglamento, su autorización depende de la decisión completamente discrecional del Gobierno, sin que se establezcan criterios objetivos definidos para tomar esta decisión, pues parece evidente que si cumpliera la normativa de estándares turísticos y de estándares edificatorios debería concedérsele automáticamente.

Parece que el Gobierno de CC y PSOE ha cedido definitivamente a las presiones de determinadas organizaciones y lobbies empresariales y "centros de estudio" conservadores partidarios de "desregular" la actividad turística y que achacan la falta de dinamismo de la economía canaria fundamentalmente a la "maraña legislativa" y al excesivo intervencionismo de las administraciones públicas sobre el "libre" funcionamiento del mercado. Algunos quieren hacernos olvidar demasiado pronto que la crisis que aún padecemos la ha producido ese "mercado libre" que supuestamente sabía autoregularse y que generó la burbuja financiera e inmobiliaria que arruinó a tantos países, a tantas empresas y a tantas personas.

Queremos dejar claro que la posición de nuestro Grupo Parlamentario es favorable a una regulación del sector turístico y que rechazamos los cantos de sirena de los desreguladores de esta actividad. Creemos que es necesario hacer "buena regulación" por dos razones que ponen en primer plano la defensa del interés general.

A pesar de que el proyecto de Ley que hoy analizamos, en su exposición de motivos, declara que la "apuesta por el modelo de renovación es firme y decidida" su propuesta de permitir todo tipo de nuevos establecimientos alojativos es un torpedo en la línea de flotación del proceso de renovación turística. La experiencia ha demostrado que la nueva construcción de hoteles y apartamentos compite y prevalece sobre la renovación de los existentes, a pesar de los incentivos que se establezcan para ésta. Puesto a elegir un inversor preferirá hacer un hotel nuevo que renovar un hotel existente.

Creemos que hay que moderar el crecimiento de nueva planta alojativa para orientar las inversiones empresariales del sector hacia la renovación. En este sentido somos partidarios de límites cuantitativos y cualitativos del crecimiento alojativo con respeto al modelo turístico de cada isla.

Por eso también somos firmes defensores de la necesidad de involucrar a las administraciones públicas en las tareas de la rehabilitación de la ciudad turística que acompañen a la renovación de los establecimientos turísticos privados para mejorar la competitividad de nuestro destino. La propia

Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística recoge en su artículo 14 que "el Gobierno de Canarias, en colaboración, en su caso, con los cabildos insulares y los ayuntamientos afectados, elaborará un programa plurianual de inversiones públicas en las áreas turísticas a renovar".

La Memoria de Evaluación de la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística, presentada en el Parlamento canario en octubre de 2014, realiza una estimación de la necesidad de inversión pública en el espacio público turístico y sitúa la inversión necesaria para estas actuaciones en 1.463 millones de euros. La magnitud de esta inversión parece más evidente si se observa que el Gobierno canario tiene presupuestado en el año 2015 para esa tarea de rehabilitación de núcleos turísticos sólo 15 millones de euros Es por esta razón por la que nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una

Proposición de Ley para el establecimiento de una tasa turística que deseamos se discuta junto con el presente proyecto de Ley porque lo consideramos complementario con el mismo. Se trataría de implantar un tributo que pagarían nuestros visitantes y cuya recaudación se destinaría en su totalidad al fomento de la rehabilitación de las infraestructuras públicas turísticas y que estimamos puede suponer entre 70 y 100 millones dependiendo del tipo de gravamen