ANC denuncia intento de manipulación sobre el Tribunal Supremo español y las prospecciones

Para Alternativa Nacionalista no puede ser casualidad que, el mismo día que se suponía dicho Tribunal sentenciaría al respecto, se publicara en el Boletín Oficial español la Declaración de Impacto Ambiental, favorable, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Además, para ANC no es legal la publicación de un estudio basado en unas prospecciones que han cambiado de ubicación, después de haber sido sometidas a exposición pública y haber recibido miles de alegaciones. Entre otras, las que hizo este mismo partido, cuyo cambio se produjo, según Ecologistas en Acción "en octubre de 2013, cuando el público ya no tenía acceso a la documentación".

Por otro lado, el nuevo Informe está lleno de contradicciones, encaminadas a concluir con una postura favorable a que se lleven a cabo las prospecciones, en cuya valoración de riesgos es escasea el valor científico y se huye de contemplar la posibilidad de que se pudieran reunir  factores desfavorables. Y como afirman Ecologistas en Acción "es una copia del Estudio Medioambiental hecha por Repsol".

Para ANC, la variante hecha en octubre de 2013, deja sin validez las 5.161 alegaciones presentadas en el Archipiélago, que además fueron avaladas por 11.840 firmas, por lo que debería abrirse otro periodo de alegaciones, o invalidar completamente la Declaración de Impacto Ambiental ministerial, para retomar el orden legal, abriéndose otro periodo de exposición pública y la posibilidad de presentar nuevas alegaciones.

Por otro lado, ANC hace hincapié en que esta petrolera, Repsol, acaba de abandonar sus trabajos frente a Naminia, en la costa africana, por reconocidos "errores técnicos que ponían en riesgo el medioambiente" y que ya, durante el periodo 200 6 y 2010, Repsol fue culpable de cerca de 700 derrames, con lo que eso puede suponer para el Archipiélago. Por lo que desde la organización independentista esperan que, por lo menos en el ámbito judicial español, se mantenga la suficiente independencia como para no estar sujetos a los mismos intereses económicos que lo está su gobierno y que, de tal forma, ese Tribunal sentencie dentro de la lógica y manifieste una legislación de acorde con la salvaguarda de los intereses ciudadanos y medioambientales.