Editorial

En los últimos días, los medios han publicado actuaciones fiscales inaceptables de numerosos gobiernos de la Unión Europea. Luxemburgo, Holanda, Bélgica e Irlanda han negociado rebajas escandalosas de impuestos a grandes empresas multinacionales. Luxemburgo y Holanda han concedido privilegios fiscales a FIAT y Starbucks, Bélgica a 35 grandes empresas desde hace 11 años e Irlanda ha favorecido a Apple con un reducidísimo impuesto del 2,5%, en tanto que  Luxemburgo ha favorecido fiscalmente a Amazon y a McDonald's. La Unión Europea investiga unos 300 acuerdos fiscales sospechosos en 22 países miembros.

Si, según la OCDE, paraísos fiscales son los territorios donde no se pagan impuestos o son muy bajos, es evidente que los paraísos ya se han instalado en la Unión Europea. La cuestión es grave pues muestra hasta que punto esta Unión está mal construida y corrompida, además de ser muy injusta. Mientras la Comisión exige implacable una austeridad que frena o paraliza la actividad económica, además de vulnerar sistemáticamente derechos de la ciudadanía, se conceden secretamente ventajas fiscales inadmisibles a grandes empresas como  Apple, Amazon, Heinz, Pepsi, Ikea, Deutsche Bank, FIAT, Starbucks y más. En una de esas actuaciones estaría implicado el actual presidente de la Comisión, Junckers, cuando era primer ministro de Luxemburgo. Junckers lo niega, pero algo hay cuando la Comisaría de Competencia de la Comisión ha ordenado a Luxemburgo que recupere de 20 a 30 millones de euros no abonados en impuestos. La Comisión también ha ordenado recuperar 700 millones de euros al gobierno belga por rebajas de impuestos a docenas de multinacionales. Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo y uno de los más despiadados flagelos de Grecia el verano pasado, reconoce que "si las grandes empresas no pagan impuestos, nuestro sistema fiscal es parte del problema”.

No solo los sistemas fiscales europeos son parte del problema de que en Europa haya paraísos fiscales. Es muy anterior la doctrina fiscal imperante que favorece a quienes más tienen y aboga, por ejemplo, por aumentar el IVA (impuesto injusto donde los haya) y no se aplica el Impuesto sobre Transacciones Financieras tras cuatro años de haberse acordado.

Una situación especialmente sangrante cuando no se cede un ápice en imponer una austeridad implacable en los presupuestos del Estado. En esa línea, Dijsselbloem, declaró hace unos días que “el presupuesto español incumple las reglas. El nuevo Gobierno deberá presentar más ajustes. España debe hacer más reformas. El desafío del próximo Gobierno es el déficit”.  ¿El déficit es el problema? El problema es recortar 9.000 millones este año y lo que supondría para la ciudadanía.

Cuesta aceptar que esta Unión Europea tenga alguna legitimidad con panoramas como el descrito.

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