El altísimo incremento del paro en Canarias, pone al descubierto la mezquindad y avaricia de la patronal INTERSINDICAL CANARIA

El importante incremento del paro que durante el mes de mayo acusa Canarias, superior a la media del Estado y que sitúa al archipiélago, junto a Madrid y Cataluña, en las comunidades con una mayor subida de desempleados, vuelve a evidenciar el fracaso gubernamental en sus política del ejecutivo para crear empleo en Canarias, pero también constata el nulo interés de la clase empresarial como parte central del problema para eliminar la desigualdad mediante la creación y de empleo y la promoción de trabajo digno.  

A partir de las cifras oficiales de desempleo, llama la atención el hecho de que Canarias, siendo uno de los territorios del conjunto del Estado menos castigado por la actual pandemia, contradictoriamente, se equipare con Madrid y Cataluña en la mayor subida del desempleo, comunidades estas que más han sufrido los efectos del coronavirus, y con ello, una paralización del sistema productivo y la lógica pérdida de más puestos de trabajo.

En coherencia, al margen de los trabajadores afectados por ERTE, no incluidos en las encuestas como desempleados, los datos apuntan a que en Canarias, la covid-19, ha sido utilizada por un amplio sector del empresariado para, pese a recibir amplios estímulos económicos de dinero público, proceder a los despidos injustificados, actitud esta que vuelve a poner al descubierto que la patronal continúa concentrando beneficios sin crear empleo, o en peor de los casos, destruyendo el existente o promoviendo la precariedad laboral.

Con muy mal pie comienza el reciente pacto para la Reactivación de Canarias. La tendencia marcadamente alcista del desempleo en Canarias, nos pone sobre aviso que, además de la inutilidad del actual gobierno y su descarada sumisión a la patronal, a los denominados agentes sociales que han subscrito el acuerdo no les interesa tanto atender los dramáticos indicadores sociales y laborales como sacar tajada de las bonificaciones, subvenciones y exenciones fiscales que ya les proporcionan los ejecutivos español y canario, beneficios económicos que, no olvidemos, serán retraídas de la hacienda pública, restando presupuesto a la cobertura de los servicios públicos esenciales y las necesidades inaplazables del conjunto de la sociedad.