CANARIAS: Neutralidad institucional… ¡y un pimiento!

Rafael J. Rodríguez Marrero

Docente jubilado y antimilitarista

Maldigo la poesía concebida como un lujo

cultural por los neutrales

que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.

Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.

 

Gabriel Celaya

 

Del término “neutral” el diccionario de la lengua española ofrece dos acepciones: 1. “Que no participa de ninguna de las opciones en conflicto”. 2. “Dicho de una nación o de un Estado: Que no toma parte en la guerra movida por otros y se acoge al sistema de obligaciones y derechos inherentes a tal actitud”.

Es en defensa de la segunda acepción en la que nos encontramos mucha población en Canarias: reclamamos un Estatuto de Neutralidad, precisamente para que en nuestra tierra, nuestras aguas y nuestro cielo no existan conflictos bélicos (ni se prepare para ellos).

Sin embargo, esta exigencia (con una argumentación jurídico-política fundamentada) cae en saco roto ante el Gobierno de Canarias que, parece, no quiere saber de neutralidad.

Y, sin embargo, ¡sorpresa!. Hete aquí  que, Consejería de Educación mediante, el gobierno se muestra preocupado por las “derivas extrañas” que pudieran darse en los centros educativos... y habla de neutralidad (claro que, siguiendo la primera acepción mencionada de la RAE).

En la resolución con las instrucciones que para el curso 26-27 dicta la Viceconsejería de Educación y la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales al objeto de “planificar y coordinar las acciones encaminadas a la puesta en marcha del curso académico y el normal desarrollo de las actividades escolares en sus respectivas competencias” (léase, al objeto de limitar la autonomía de los centros educativos)  nos encontramos con el subapartado 3.4. -del Anexo I- intitulado “Conferencias, charlas, reuniones o eventos en los centros educativos de Canarias”. Y aquí nos suelta la Viceconsejería una prenda, que por su novedad cito textualmente:

a. Los centros educativos han de reforzar y ser promotores de actuaciones basadas en el principio de neutralidad institucional que no lesionen el principio de imparcialidad u objetividad, con independencia de cuáles sean las opiniones o ideas de los individuos. En virtud de ello, no se podrá autorizar la realización de conferencias, charlas, reuniones o eventos que puedan llevarse a cabo por individuos, grupos, organizaciones o colectivos caracterizados por una determinada opción ideológica que no sea neutral y no respete los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en nuestra Constitución en espacios e instalaciones de los recintos escolares.” (los subrayados son míos).

Este apartado, sin duda, genera problemas, especialmente interpretativos. ¿Qué es eso de neutral? ¿Quién o quiénes determinan qué grupos, organizaciones, colectivos son, o no, neutrales? ¿Se puede ser desde una perspectiva social cotidianamente neutral? La resolución no responde a esos interrogantes. Ahí reside uno de sus problemas. Y ahí el legislador introduce la trampa.

Resulta una perogrullada señalar que en los recintos escolares se respeten los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas en la Constitución. Y es que, precisamente, una de las libertades reconocidas en la Constitución del 78´ es la de expresión (art. 20) esa que nuestras viceconsejerías pretenden evitar.

Recientemente un medio de comunicación ponía voz a fuentes de la consejería de Educación; estas señalaban -según ese medio- que la instrucción “nos la han solicitado incluso muchos equipos directivos, para poder tener un posicionamiento objetivo y avalado por la administración, a la hora de dar respuesta a esas peticiones de acceso a los centros. Se trata de evitar la politización de la educación y que los contenidos que se tratan en las aulas se aborden en todo momento con el aval del profesorado, desde la imparcialidad y el rigor".

Una manera un tanto rastrera de culpabilizar de la “la medida represiva” a las direcciones de los centros; y ello pese a que haya personas integrantes de equipos directivos que piensen como quienes tienen la responsabilidad actual de gestionar la educación en Canarias.

Respecto a la preocupación que muestran los gestores por la politización de la educación, señalar que han sido precisamente los grupos políticos que han tenido responsabilidades de gobierno quienes sí han politizado la educación -entendiendo por ello su instrumentalización al objeto de obtener réditos partidistas-. Recordemos sino la enorme cantidad de leyes generales educativas (siete, dos de ellas referidas a la formación profesional) que se han promulgado en España desde 1990 atendiendo siempre a los deseos, intereses y valores (no neutrales) del grupo/partido en el gobierno. Promulgadas sin siquiera evaluar la que se derogaba.

La realidad social es conflictiva porque es diversa. Incluso la adquisición de saberes se produce mediante lo que los expertos señalan como conflicto cognitivo.

Y frente al conflicto (salvo cuando hablamos de guerra y paz) la neutralidad es sinónimo de apatía, pasotismo, falta de compromiso,…

Resulta descorazonador observar el temor que tienen nuestros gestores de cuanto se pueda hacer en las escuelas; de ahí la búsqueda de instrucciones cada vez más grotescas para encapsular el pensamiento divergente (que es el culmen del temor que manifiestan).

También me parece cobarde el silencio de varios sindicatos del sector (excepciones he encontrado en el STEC-IC y en INSUCAN) que debieran estar poniendo “el grito en el cielo” ante el intento vil de una consejería ultra-conservadora que detesta (aun cuando jamás lo va a reconocer) la diversidad. 

En unos tiempos en los que son cada vez más audibles y visibles las revueltas del profesorado en contra de gobiernos -que como este de Canarias- atenta habitualmente contra la pervivencia en condiciones de calidad de la escuela pública y de las personas que trabajan en ella.

Pues frente a la debilidad que manifiestan los poderes del Estado y de la CCAA ante los salvajes poderes de los mercados es en la educación pública donde mayores resistencias encontramos contra tales chantajes.

Señalaba Manolo Marrero con mucho acierto que “la escuela no es una burbuja separada de la realidad social. Es un espacio donde confluyen problemas, conflictos, aspiraciones y debates que atraviesan a toda la ciudadanía. Negar esa realidad en nombre de una supuesta neutralidad equivale a empobrecer la experiencia educativa y a reducir la capacidad del alumnado para comprender el mundo en el que vive.”

Ante normas como la dictada por la Consejería de Educación la mejor respuesta es la desobediencia.

 

 

En Fuerteventura, a 2 de junio de 2026