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sábado, 20 de abril de 2024 03:23h.

ANC denuncia el desvío de fondos públicos a empresas privadas

Un estudio de septiembre, a cargo de La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública sitúa a Canarias, como de los peores territorios del estado español, repitiendo en las últimas posiciones por sexto año consecutivo.

ANC denuncia el desvío de fondos públicos a empresas privadas

Un estudio de septiembre, a cargo de La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública sitúa a Canarias, como de los peores territorios del estado español, repitiendo en las últimas posiciones por sexto año consecutivo.

Sin embargo, nadie se sonroja cuando se anuncia públicamente una "partida suplementaria" de fondos públicos, destinada por la propia Consejería de Sanidad a las clínicas privadas que se benefician de la asistencia concertada, de más de 8,3 millones de euros.

Todo ello, mientras desde la propia Consejería se han hecho brutales recortes y ventas de servicios que se han saldado con miles de nuevos parados y una atención sanitaria empeorada hasta rozar el tercermundismo.

Según ANC, la Organización Mundial de la Salud recomienda un ratio de 350 enfermeros por cada 100.000 habitantes y, en Canarias, en el año 2004 el ratio era de 429, mientras que a finales de 2013 el Instituto de Estadística lo situaba en 207 por cada 100.000.

ANC denuncia que tras cada proceso de privatización, como el que se pretende desde el PP, PSOE o CC, se abona un campo para la especulación y la malversación de fondos públicos, dándole prioridades al beneficio privado antes que al bienestar general, por lo que además de los ataques que estamos presenciando hacia la estabilidad laboral del sector público, sufrimos el empeoramiento del servicio sanitario.

Por ello, ANC hace un llamamiento a la ciudadanía para defender el sector público y los derechos ciudadanos que esta gestión trae aparejada. Además de enfrentar los intentos de privatización, ya sea de Puertos y Aeropuertos, así como de la Sanidad o la Educación. Una vez privatizados los derechos crearan más desigualdad social y todo se habrá rendido a quienes "puedan pagar", discriminando a los "menos pudientes".