ANC exige al ayuntamiento de Las Palmas que rectifique con los aparcamientos para personas con discapacidad

Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) ha recibido quejas de distintas plataformas ciudadanas asegurando que estas personas se sienten agredidas por la corporación municipal.

ANC ha sabido que, a principios de este mismo mes, al menos tres organiozaciones han denunciado en los juzgados al ayuntamiento por discriminación humillación, acoso y vulneración de los derechos de las personas, argumentando que contravienen el artículo 4 de la convención de la ONU sobre personas con discapacidad.

Al parecer, la polémica salta a raíz de una campaña municipal que incluye unos mensajes discriminatorios junto a la señalización oficial, por lo que  desde el 25 de julio ya se solicitó por escrito al ayuntamiento la modificación o retirada de los mensajes añadidos, sin que hasta el momento la corporación municipal se haya dignado a contestar.

Además, según nos comentan personas del colectivo afectado, también han denunciado que las plazas asignadas suelen estar ubicadas en lugares lejanos de las zonas del itinerario peatonal, por lo que al entrar o salir del coche se ven obligadas a invadir la calzada, compartiendo con todo tipo de vehículos espacio, con el peligro que ello conlleva, hasta poder acceder a la zona peatonal, hecho que demuestra poca previsión y mala planificación. Resaltando que existen zonas de aproximación a algunos reservados que están situadas sobre alcantarillas de la calzada, lo que "podría producir el vuelco de la silla".

Por otro lado, ANC ha accedido a un estudio independiente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que pone a Las Palmas de Gran Canaria a la cola en cuanto a los requisitos del titular para solicitar la tarjeta de las condiciones de las 28 ciudades estudiadas. En Las Palmas se exige: Certificado de empadronamiento. certificación de la Consejería de Juventud, Bienestar Social y Vivienda del Gobierno de Canarias en la que se especifique el tipo de discapacidad, así como que el grado total de limitaciones en la actividad sea igual o superior al 50% y se determine la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos. Por ejemplo, las otras 27 ciudades no exigen que el grado de limitación llegue sino al 33%, frente al 50% que solo pide Las Palmas. Pocas, entre ellas la nuestra, ponen como condición que se determine la existencia de movilidad para utilizar transportes colectivos; Las Palmas, además, con la consideración de que la persona alcance los baremos máximos de dificultad.

Por todo ello, ANC exige que se retiren las frases de la señalización oficial y se corrijan los lugares de los reservados de forma inmediata, así como que el ayuntamiento dicte una nueva regulación de las tarjetas y ejerza una política de igualdad y no discriminación a favor de las personas con capacidad reducida y no entre en batallas que acaben denigrando y discriminando aun más a las personas que, cada día, tienen que vivir con su propia dificultad y, ahora mismo, no se sienten arropadas por el ayuntamiento donde pagan sus impuestos.