Buscar
viernes, 19 de abril de 2024 10:24h.

Arcila pide un Pleno extraordinario para debatir la nueva ITE, que debía haber ido a la sesión de este jueves 30 de abril

Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pidió la convocatoria de un Pleno extraordinario antes de la disolución de la Corporación para que sea debatida la nueva ordenanza de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), después de que el alcalde, José Manuel Bermúdez, suspendiera la anterior y se comprometiera a redactar una nueva tras las múltiples protestas de la ciudadanía por los graves perjuicios económicos que tendría para cientos de familias.

Arcila pide un Pleno extraordinario para debatir la nueva ITE, que debía haber ido a la sesión de este jueves 30 de abril

El grupo de gobierno incumple su promesa de presentar la nueva ordenanza

Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pidió la convocatoria de un Pleno extraordinario antes de la disolución de la Corporación para que sea debatida la nueva ordenanza de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), después de que el alcalde, José Manuel Bermúdez, suspendiera la anterior y se comprometiera a redactar una nueva tras las múltiples protestas de la ciudadanía por los graves perjuicios económicos que tendría para cientos de familias.

El portavoz ecosocialista recordó hoy que el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, había anunciado que el nuevo texto iría al Pleno ordinario de mañana, último de este mandato, pero el expediente no figura en el orden del día ni ha pasado por los órganos correspondientes, por lo que el asunto no podrá ser tratado en la sesión de este jueves, con lo que los socios CC-PSOE vuelven a engañar a los vecinos y vecinas de Santa Cruz.

La ordenanza anterior fue retirada después de que la ciudadanía canalizara su desacuerdo a través de la Plataforma Municipal de Afectados por la ITE, que contó en todo momento con el apoyo y el asesoramiento técnico de Sí se puede. Entre otros extremos, aquella ordenanza causó gran malestar por una correspondencia remitida desde el Ayuntamiento en términos amenazantes, en la que se advertía de multas periódicas de 1.800 euros a los propietarios de aquellas viviendas que no se sometiesen a la inspección.

Arcila ya insistió entonces en la inviabilidad de esta normativa, pues obligaba a inversiones en rehabilitación que son inasumibles para las familias que tienen que pasar esta inspección, la mayoría de las cuales viven en barrios modestos como Somosierra, García Escámez, La Salud, Las Cabritas, Tíncer, Llano Alegre, Las Delicias o Juan XIII, además de núcleos como Taganana, San Andrés y El Tablero, entre otros.

Sobre la nueva ordenanza que debería ir a Pleno mañana, el concejal de Sí se puede señaló que esta es claramente mejorable, pues sigue sin incidir de manera clara en aspectos fundamentales en los que viene insistiendo la organización ecosocialista: materialización de un paquete de ayudas públicas para rehabilitación y conservación, un giro total en cuanto a las políticas públicas de rehabilitación y una regulación de la exclusión de las viviendas unifamiliares, entre otros aspectos.