co.bas Canarias denuncia la falta de recursos para atender a los menores más vulnerables en la provincia de Las Palmas

• A pesar de que el número de menores que requiere esta atención es mayor y en peor situación en la provincia oriental, el personal y los recursos no paran de menguar
• La organización exige el diseño de una “Política del Menor” adecuada y con la intervención de los trabajadores especializados, de acuerdo con los datos y necesidades reales, y con una mayor dotación presupuestaria dirigida a un aumento de personal e infraestructuras.

La sección sindical de Co.bas en la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias quiere advertir, tras múltiples reuniones con el personal de la misma, sobre la deficitaria situación que padece la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia, encargada, recordemos, de vigilar, ayudar, complementar y tutelar el cuidado y protección que todo menor en Canarias requiere y necesita.

Según denuncia el sindicato, no es posible ofrecer la atención especializada y urgente que necesitan los menores más vulnerables, que en la provincia de Las Palmas supera los 1.000 declarados en situación de desamparo y más de 500 con medidas judiciales, por falta de recursos humanos y materiales.

La situación está empeorando desde el comienzo de la crisis, a pesar de que los departamentos que conforman esta Dirección General hayan sido declarados como sectores prioritarios: la población vulnerable aumenta con el consecuente aumento de tareas, sin ampliación de plantilla, más bien, al contrario, desaparecen puestos de trabajo por jubilaciones o reasignaciones a otros departamentos; jefaturas vacantes, personal técnico sin espacio para realizar sus funciones o logística inadecuada son algunos de las denuncias más recurrentes de los propios trabajadores.

Ellos mismos advierten, según ha recogido co.bas, que cada día que pasa y no se interviene para paliar la problemática en estas edades tempranas del desarrollo infantil y juvenil, se agrava la situación social, física y psíquica del menor. “Todo ahorro en políticas sociales de protección supone a medio y largo plazo un aumento económico considerable en costes sanitarios y penales”, subraya la portavoz de la sección sindical, Julia Jiménez.

Por desgracia, en la provincia de Las Palmas los datos sobre menores vulnerables son mayores y más negativos que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, según explica Jiménez, “incomprensiblemente se da la circunstancia de que la plantilla es menor en las islas orientales. No se entiende este tipo de organización y cómo nuestros políticos confunden interesadamente el concepto de equidad con el de igualdad”, denuncia.

Al respecto, co.bas exige el diseño de una “Política del Menor” adecuada y con la intervención de los trabajadores especializados, de acuerdo con los datos y necesidades reales, y con una mayor dotación presupuestaria dirigida a un aumento de personal e infraestructuras. “Es una deuda histórica con la protección de menores en Canarias; ya basta de maquillar datos y de promesas vacías, o de culpabilizar a las familias por su precariedad”, sentencia la portavoz.